Los hechos del caso se relacionan con el riesgo en el que se encuentran Rocío Alvarado Reyes, Nitza Alvarado Espinoza y José Angel Alvarado Herrera quienes fueron detenidos en diciembre del 2009 en el Estado de Chihuahua, y de quienes se desconocía su paradero.

En noviembre de 2014, la CorteIDH levanto parcialmente las medidas respecto de 2 de las beneficiarias, debido a su fallecimiento.