Los hechos que fundamentan la solicitud se refieren al riesgo a la vida e integridad personal de Wong Ho Win, de quien se había solicitado su extradición a la República Popular de China, con riesgo de condena a cadena perpetua o pena de muerte. La CorteIDH ordenaró a Perú que se abstuviera de dar curso a la extradición, de modo de no frustrar la posibilidad de dar cumplimiento a una eventual decisión de los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Las medidas originalmente concedidas fueron levantadas en octubre de 2011, y reimpuestas en junio de 2012. En marzo de 2014, fue solicitada una ampliación requiriendo la libertad del Wong Ho Win que fue rechazada por la CorteIDH.