Los hechos del caso se refieren a las violaciones a las garantías judiciales que ocurrieron durante el proceso penal al que fue sometido el Sr. Alvarez por los delitos de robo y homicidio cometidos en 1996, y por el que fue condenado en 1999.

En su Sentencia, la CorteIDH concluyo que se había violado el derecho a la defensa en juicio , incluyendo el hecho de que no es suficiente el nombramiento de un defensor oficial como una mera formalidad, sino que es necesario garantizar una defensa técnica diligente.