Los hechos del caso se refieren a la muerte de Zulema Tarazona Arrieta y Norma Teresa Pérez Chávez y las lesiones sufridas por Luis Alberto Bejarano Laura, en agosto de 1994, como consecuencia de disparos que un integrante del Ejército realizó contra un transporte público.

La CorteIDH analizó el deber estatal de adecuar el derecho interno sobre el ejercicio del uso de la fuerza y la asistencia debida a personas heridas o afectadas. También valoró la actuación de la administración de justicia a la luz del carácter subsidiario de la jurisdicción internacional, rechazando parcialmente la responsabilidad estatal.