INFORME No. 136/09
PETICIÓN 321-05
ADMISIBILIDAD
MARÍA INÉS CHINCHILLA SANDOVAL
GUATEMALA
13 de noviembre de 2009

I.

RESUMEN

1. El 23 de marzo de 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la
“Comisión”, la “Comisión Interamericana” o la “CIDH”) recibió una denuncia presentada por el
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), representado
por Alejandro Rodríguez Barillas (en adelante “los peticionarios”), en la cual se alega la
responsabilidad internacional del Estado de Guatemala (en adelante “el Estado”, “Guatemala” o
el “Estado Guatemalteco”), por la muerte de María Inés Chinchilla (en adelante la “presunta
víctima”), ocurrida el 25 de mayo de 2004, presuntamente como consecuencia del actuar
negligente del personal del centro de detención donde se hallaba recluida por condena judicial.
2. Los peticionarios alegan que María Inés Chinchilla, quien se hallaba en cumplimiento de una
pena privativa de la libertad en el Centro de Orientación Femenino (COF) ubicado en Fraijanes
del Departamento de Guatemala, padecía una enfermedad que se habría agravado como
consecuencia de la ausencia de tratamiento médico adecuado, lo cual, sumado a una caída que
habría sufrido de la silla de ruedas en la que se desplazaba, sin recibir atención inmediata,
habría presuntamente provocado su muerte. Con relación a los requisitos de admisibilidad,
alegan que los hechos denunciados resultarían constitutivos de un delito de acción pública y
que, en tal carácter, debieron ser investigados de oficio por las autoridades pertinentes, por lo
cual la deficiente investigación realizada por el Ministerio Público, y posterior archivo de la
causa, habrían agotado la jurisdicción interna. En adición, sostienen que interponer una
denuncia civil resultaría infructuoso en virtud del excesivo tiempo que tomaría alcanzar una
resolución, por lo que estiman que, de conformidad con los artículos 46.2.b y 46.2.c de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención” o la
“Convención Americana”), no resultaría necesario agotar recursos de tal carácter, por carecer
éstos de los requisitos del debido proceso legal y resultar ineficaces.
3. Por su parte, el Estado señala que la presunta víctima recibía tratamiento adecuado dentro
del Centro de Orientación Femenino y fuera del centro penal cuando ello resultaba pertinente,
y argumenta que en ciertas oportunidades la propia víctima se negaba a seguir las indicaciones
médicas. Por otra parte, alega que en relación con la investigación por la muerte de la
presunta víctima, el Ministerio Público obró conforme a derecho y solicitó debidamente su
desestimación y archivo al Juez, a lo cual se hizo lugar por tratarse de una muerte acaecida
por causas naturales, y que no configuraba hecho delictivo. Indica que estando prevista en la
legislación doméstica la figura del querellante adhesivo, nadie se constituyó en tal carácter,
como así tampoco se cuestionó la referida decisión, ni se procuró o solicitó la continuidad de la
investigación. Respecto de una posible indemnización civil señala que, no habiéndose intentado
acción para reclamar daños y perjuicios por la muerte de la señora Chinchilla, los recursos
internos no fueron agotados, en consecuencia, de conformidad con los artículos 46.1.a de la
Convención y 31 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante el “Reglamento de la Comisión”), debe declararse la inadmisibilidad de la petición.
4. La Comisión, tras analizar la posición de las partes y los requisitos previstos en los artículos
46 y 47 de la Convención, y sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, concluye que la petición
es admisible en cuanto a presuntas violaciones de los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención
Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento. La CIDH también decide
notificar la presente decisión a las partes; publicar el presente informe e incluirlo en su
Informe Anual a la Asamblea General de la OEA.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA
1

Select target paragraph3