Los hechos de este caso dan cuenta de la persecución, hostigamiento y violencia ejercida contra Luis Gonzalo Vélez Restrepo, camarógrafo de un programa nacional de noticias, que denunció y difundió la grabación de hechos de violencia cometidos por miembros del Ejército Nacional contra participantes de las marchas de protesta contra la política gubernamental de fumigación de cultivos de coca en el Departamento de Caquetá, realizadas el 29 de agosto de 1996. Como consecuencia de las denuncias penales instauradas, en septiembre de ese mismo año,  Vélez Restrepo comenzó a ser objeto de amenazas y hostigamientos, siendo perseguido y amenazado de muerte, razón por la cual se vio obligado a salir en condición de asilado para los Estados Unidos de América junto con su familia.

La Corte IDH reiteró su jurisprudencia, respecto del deber de los Estados de respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y colectiva, reafirmó la importancia que reviste el respeto de este derecho en asuntos de interés público y estableció que este derecho fue vulnerado por las actuaciones inapropiadas de los agentes de seguridad en situaciones de protesta pública, por falta de una investigación adecuada y efectiva, por la ausencia de medidas de protección por parte del Estado, y por la impunidad en que se encuentran los casos de ataques a periodistas en el ejercicio de su profesión.

La Corte IDH reiteró que la jurisdicción penal militar es de carácter excepcional y restrictivo y que no puede juzgar violaciones de derechos humanos, porque ello configura una violación a las garantías judiciales y a la protección judicial, especialmente una vulneración a la garantía del juez natural.