La solicitud de protección se relaciona con las condiciones de detención -se denuncian prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degrandates, perdida de vidas por violencia intra-carcelaria y daños a la integridad física, psíquica y moral- de las personas privadas de libertad en el Complejo de Curado, en Recife, Pernambuco, asi como los riesgos que afectan a cualquier persona que se encuentre en el mismo tales como agentes de seguridad, funcionarios y visitantes.

En noviembre de 2015. las medidas de protección fueron ampliadas a favor de Wilma Melo –una de las representantes de los beneficiarios– basadas sobre la posible existencia de un plan para atentar contra su vida e integridad física.