2 2. Al presentar el caso ante la Corte, la Comisión invocó los artículos 50 y 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y los artículos 26 y siguientes del Reglamento. La Comisión sometió este caso para que la Corte decidiera si hubo violación, por parte del Gobierno, de los siguientes artículos de la Convención: 7 (Derecho a la Libertad Personal), 5 (Derecho a la Integridad Personal), 4 (Derecho a la Vida), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial), todos ellos en concordancia con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma Convención, por el supuesto “secuestro y posterior desaparición de Ernesto Rafael Castillo Páez por parte de la Policía Nacional del Perú en violación de la Convención ”. Además, la Comisión pidió a la Corte: 2. Que ordene al gobierno de Perú que lleve a cabo las investigaciones necesarias para identificar, juzgar y sancionar a los culpables de la desaparición forzada de Ernesto Rafael Castillo Páez. 3. Que pida al Gobierno del Perú que informe sobre el paradero de Ernesto Rafael Castillo Páez a sus familiares y localice y entregue los restos de la víctima a sus familiares. 4. Que declare que el Estado peruano debe reparar plenamente, tanto material como moralmente, a los familiares de Ernesto Rafael Castillo Páez por el grave daño sufrido a consecuencia de las múltiples violaciones de derechos protegidos en la Convención. Que, asimismo, declare el deber del Estado de compensar material y moralmente al Dr. Augusto Zúñiga Paz por los daños sufridos como consecuencia de la defensa del joven Castillo Páez. 5. Que condene al Gobierno peruano a pagar las costas de este proceso, incluyendo los honorarios de los profesionales que han actuado como representantes de la víctima tanto en su desempeño ante la Comisión como en la tramitación del caso ante la Corte. 3. La Comisión Interamericana designó como su delegado a Patrick Robinson, miembro y como sus abogados a Edith Márquez Rodríguez, Secretaria ejecutiva y Domingo E. Acevedo, asesor especial de la Secretaría. Como sus asistentes la Comisión designó a las siguientes personas: Juan Méndez, José Miguel Vivanco, Ronald Gamarra, Kathia Salazar, Viviana Krsticevic, Verónica Gómez y Ariel E. Dulitzky, quienes representaron al reclamante ante la Comisión en calidad de peticionarios. 4. El 9 de febrero de 1995 la Secretaría notificó la demanda al Gobierno, después de haber realizado el Presidente de la Corte (en adelante “el Presidente”) su examen preliminar, y le informó que disponía de un plazo de tres meses para responderla, de dos semanas para designar un agente y un agente alterno y de treinta días para oponer excepciones preliminares y, además, se le invitó a nombrar Juez ad hoc. El Gobierno recibió dicha notificación el 13 de febrero de 1995. 5. Por escrito de 23 de marzo de 1995 el Gobierno designó, para este caso, a Mario Cavagnaro Basile como agente y, el día siguiente, aclaró que había designado a Julio Mazuelos Coello como agente alterno. El 23 de septiembre de 1995 el Gobierno designó a Iván Fernández López como asesor.

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