Los hechos del caso se refieren a la incursión paramilitar y la masacre de 49 campesinos cometida por los paramilitares con la colaboración y aquiescencia de miembros del Ejército Nacional entre el 15 y el 20 de julio de 1997 en el municipio de Mapiripán, departamento del Meta. Las víctimas fueron retenidas, torturadas, ejecutadas y/o desaparecidas, lo que provocó un desplazamiento masivo de los habitantes de la región.

La Corte IDH desarrolló estándares sobre responsabilidad estatal por actos de particulares en supuestos de acción u omisión de sus agentes en posición de garantes de las obligaciones de respeto y protección. Adicionalmente, señaló la utilidad que revisten las normas del derecho internacional humanitario para la interpretación de la Convención Americana, y se refirió a las obligaciones especiales del Estado en relación a los niños y niñas en situación de conflicto armado interno, dada su especial vulnerabilidad. También amplió su jurisprudencia sobre el contenido y alcance del derecho de circulación y residencia, en relación al desplazamiento forzado que sufrieron las víctimas y la amplia gama de derechos que se ven afectados como consecuencia de ello.