Los hechos del caso se relacionan con los procedimientos disciplinarios y posterior separación de su cargo –en noviembre de 1996- del magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Eduardo Benjamín Colindres.

En su Sentencia, la CorteIDH analizó si los procedimientos llevados adelante respetaron las garantías del debido proceso y si, como consecuencia de su cese arbitrario en su cargo, fue afectado su derecho a permanecer en un cargo público en condiciones de igualdad.