Los hechos del caso se refieren a la masacre -ocurrida en julio de 1982- de 268 personas, en su mayoría miembros del pueblo indígena maya en la aldea Plan de Sánchez, ejecutada por miembros del Ejército de Guatemala, y a la impunidad en que quedaron los hechos por la falta de una investigación efectiva. Tras estos hechos los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la masacre fueron objeto de actos de intimidación y discriminación.

La Corte IDH ubicó los hechos del caso en el contexto del conflicto armado interno ocurrido en Guatemala entre los años 1962 y 1996 durante el que se aplicó la llamada "doctrina de la seguridad nacional" que consideraba al pueblo maya como "enemigo interno".

El Estado realizó un reconocimiento total de responsabilidad internacional por los hechos anteriormente señalados.