INFORME No. 33/17 CASO 11.639 INFORME DE ADMISIBILIDAD Y FONDO ALEJANDRO YOVANY GÓMEZ VIRULA Y FAMILIA GUATEMALA 21 DE MARZO DE 2017 I. RESUMEN 1. El 17 de julio de 1995 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”, “la Comisión Interamericana” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por Antonio Gómez, Paula Virula, the Guatemala Labor Education Project y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala1 (en adelante “los peticionarios”), en la cual se alegó la responsabilidad internacional de la República de Guatemala (en adelante “el Estado”, “el Estado guatemalteco” o “Guatemala”) por la desaparición y posterior muerte de Alejandro Yovany Gómez Virula, sucedidas en marzo de 1995. 2. Los peticionarios señalaron que el señor Gómez, quien se desempeñaba como sindicalista, fue desaparecido el 13 de marzo de 1995. Indicaron que su cadáver, el cual tenía signos de haber sido torturado, fue encontrado seis días después. Los peticionarios alegaron que a pesar de las denuncias interpuestas, tanto de la desaparición como de la localización de su cuerpo, el Estado no adoptó medidas específicas para investigar los hechos. Indicaron que durante el tiempo que el señor Gómez estuvo desaparecido, se configuró una desaparición forzada. Agregaron que a pesar de existir elementos que vinculan los hechos con la labor de sindicalista del señor Gómez, el Estado decidió archivar el expediente de la investigación por falta de pruebas. En cuanto a los requisitos de admisibilidad invocaron la excepción establecida en el artículo 46.2.b) de la Convención Americana. 3. Por su parte, el Estado presentó distintos argumentos en el trámite ante la CIDH. Inicialmente, el Estado sostuvo que se inició una investigación a efectos de esclarecer lo sucedido con el señor Gómez e identificar a las personas responsables. Añadió que a pesar de las diversas diligencias realizadas, el expediente de la investigación fue archivado por falta de pruebas. Posteriormente, el Estado indicó que, de acuerdo a la base de datos del Ministerio Público, no existen registros en donde aparezca el señor Gómez como denunciante o agraviado en ningún expediente judicial. 4. Tras analizar la información disponible, la Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad consagrados en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, concluyó que el caso es admisible y determinó que el Estado es responsable por i) la violación de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal, establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 7.1, 16, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Alejandro Yovany Gómez Virula; y ii) la violación de los derechos a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 5.1, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los padres del señor Gómez, Antonio Gómez y Paula Virula. II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN 5. El 17 de julio de 1995 Antonio Gómez, Paula Virula, the Guatemala Labor Education Project y la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala presentaron la petición inicial. El 17 de junio de 1996 la CIDH trasladó dicha comunicación al Estado solicitándole que proporcionara información sobre los hechos alegados así como sobre si se habían agotado o no los recursos de la jurisdicción interna. El Estado presentó su respuesta el 24 de septiembre de 1996. 1 Posteriormente, el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) se constituyó como peticionario. 1

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