A.2. El Derecho a la defensa (artículo 8.2.d, e y f de la Convención Americana)
230. La Comisión y los representantes alegaron que, desde su detención y durante todo el
tiempo en que estuvo arraigado y al momento de prestar declaraciones ante el Ministerio Público,
Daniel García no contó con asistencia legal. Solo cuando fue presentado por primera vez ante un
juez se le designó un defensor de oficio. Por su parte, Reyes Alpízar indicó que, al prestar las
declaraciones que alegó que fueron obtenidas bajo coacción ante el Ministerio Público, se le asignó
“un judicial” como defensor de oficio. El Tribunal de alzada, la Primera Sala Colegiada Penal de
Tlalnepantla, al emitir auto formal de prisión de reemplazo dejó constancia de que, efectivamente,
el defensor asignado se encontraba “adscrito al órgano investigador”. Notaron que, además de
que tal defensor no contaba con la independencia debida – lo que consideraron especialmente
relevante al existir alegaciones de que participó de los hechos de coacción contra Reyes Alpízar –
el Estado tampoco había acreditado que dicho defensor le hubiera asesorado debidamente sobre
su situación jurídica, o bien, emprendido desde ese momento actos tendientes a su defensa, como
lo era el cuestionamiento de la legalidad o arbitrariedad de la detención.
231. Por otra parte, indicaron que, en su primera audiencia ante el Juez Quinto Penal, el defensor
de Daniel García solicitó se citara a declarar al Subprocurador de Justicia Rogelio Figueroa, a fin
de “demostrar los hechos con los que lo relaciona el inculpado”. Sin embargo, el Juez no solo negó
tal requerimiento, sino que indicó que las actuaciones ministeriales hacían plena prueba, ya que
estaban revestidas de fe ministerial. Agregaron que en el proceso penal los acusados no han
logrado presentar las pruebas de descargo ofrecidas como esenciales y el juez de la causa no ha
tomado medidas para coaccionar el envío de información o la comparecencia de los testigos
necesarios para el descubrimiento de la verdad. En virtud de todo lo anterior, concluyeron que el
Estado violó el derecho a la defensa en violación del artículo 8.2 d), e) y f) de la Convención
Americana.
232. El Estado sostuvo que el defensor de oficio asignado a Reyes Alpízar era perteneciente a
la Defensoría de Oficio del Estado de México, la cual no dependía de la PGJEM, sino de la Secretaría
General de Gobierno, tal y como lo establecía la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de México
aplicable al momento de los hechos. Por lo que se refiere a Daniel García Rodríguez, indicó que
derivado de la orden de presentación, el 25 de febrero de 2002, fundada en la legislación procesal
vigente al momento de los hechos, la cual preveía que para aquellos casos en los que se tuviera
el temor fundado de que se desobedeciera la citación, podrían ser presentados por la policía, rindió
su declaración de manera libre, espontánea y sin presión alguna, pues en cada una de las
preguntas que le fueron formuladas, en ninguna de ellas se auto incriminó; contrario a ello, negó
categóricamente su relación en los hechos. Por ello, entendió que Daniel García ejerció su derecho
a la defensa técnica de manera personal. El Estado agregó que, a lo largo de su proceso penal,
Daniel García Rodríguez contó con 14 defensores privados y 12 defensores públicos; mientras que
Reyes Alpízar Ortiz ha contado con 7 defensores privados y 14 públicos.
233. En cuanto a la alegada violación del derecho de la defensa de interrogar y obtener la
comparecencia de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, la cual materializa los
principios de contradicción e igualdad procesal, indicó que la negativa del Juez no estuvo
encaminada a obstaculizar el derecho de Daniel García de interrogar a los testigos en su contra,
como erróneamente lo intenta hacer ver la Comisión IDH; sino que de las actuaciones ministeriales
no se desprendían los supuestos actos de tortura por lo que no consideró pertinente su declaración.
La falta de comparecencia del Subprocurador fue subsanada a través de los medios de defensa
interpuestos por las presuntas víctimas, los cuales dieron lugar a la investigación por los alegados
actos de tortura, la cual incluyó el testimonio del entonces Subprocurador.
A.2. El derecho a la presunción de inocencia (artículo 8.1 de la Convención Americana)
234. La Comisión y los representantes observaron que, según consta de decenas de boletines
de prensa emitidos por la PGJEM, cientos de extractos de noticias incluidos en prensa escrita de
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