audiencia ante el Juez Quinto Penal, el defensor de Daniel García solicitó que se citara a declarar
a Subprocurador de Justicia, a fin de “demostrar los hechos con los que lo relaciona el inculpado”
y que sin embargo el Juez no solo negó tal requerimiento, sino que indicó que las actuaciones
ministeriales hacían plena prueba, ya que estaban revestidas de fe ministerial.
250. Con relación a la falta de asistencia letrada desde su detención, una parte del tiempo en
que estuvo arraigado Daniel García, y al momento de prestar declaraciones ante el Ministerio
Público, esta Corte observa que no existe controversia al respecto. Daniel García indicó durante la
audiencia pública que recién pudo tener acceso a un abogado al quinto o sexto día después de que
fuera arraigado 249.
251. El Estado arguyó que, en esas etapas, Daniel García ejerció su defensa técnica de manera
personal y que en ninguna de sus declaraciones se auto-incriminó. En cuanto a lo anterior, si bien
resulta indiscutible que el artículo 8.2.d y e de la Convención Americana le otorga el derecho al
inculpado de defenderse por sí mismo en el marco de un proceso penal, lo relevante aquí es que
no se le brindó a Daniel García la posibilidad de contar con un o una defensor/a de su elección
desde el momento en que fue detenido. Sobre ese punto, cabe recordar que el derecho de defensa
debe poder ejercerse “desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un
delito” 250. Al respecto, resulta importante recordar que según fue analizado previamente (supra
párr. 131), el acto mediante el cual Daniel García fue acompañado por policías ministeriales de la
PGJEM para que pudiera prestar declaración ante el Ministerio Público, el 25 de febrero de 2002,
consistió en una detención. Por otra parte, Daniel García tampoco contó con asistencia legal
durante el período de su arraigo, el cual fue de 47 días (supra párr. 71).
252. En cuanto el defensor de oficio asignado a Reyes Alpízar, la Corte nota que la Comisión
basó su alegato sobre la presunta falta de independencia del defensor designado en el hecho que
la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, al emitir auto formal de prisión de reemplazo dejó
constancia de que, el defensor asignado se encontraba “adscrito al órgano investigador”. Sin
perjuicio de lo anterior, el Estado subrayó que la Defensoría de Oficio del Estado de México, la cual
no dependía de la PGJEM como lo afirman los representantes y la Comisión, sino de la Secretaría
General de Gobierno, tal y como lo establecía la Ley de la Defensoría de Oficio del Estado de México
aplicable al momento de los hechos. De conformidad con lo anterior, no le queda claro a esta Corte
si la expresión “adscripto al órgano investigador” se refiere a una relación de dependencia o si
como lo sugiere el Estado se trata de un defensor público, que depende de la Defensoría de Oficio
del Estado de México que se encuentra asignado a las agencias del Ministerio Público.
253. Por otra parte, la Comisión no se refirió a un acto procesal en particular que no habría
llevado a cabo el defensor asignado en favor de su defendido Reyes Alpízar. La Comisión indicó,
de forma genérica, que el Estado no ha acreditado que el defensor de Reyes Alpízar lo hubiese
asesorado debidamente sobre su situación jurídica, o bien, emprendido desde ese momento actos
tendientes a su defensa, como lo era el cuestionamiento de la legalidad o arbitrariedad de la
detención. Sin perjuicio de lo señalado, durante la audiencia pública, Daniel García explicó que “el
80 por ciento de esos recursos [que presentó] están firmados únicamente por [él] y por Reyes
Alpízar, [siendo que] la defensa pública nunca presentó recurso alguno y […] no existe la causa
penal una sola promoción firmada o solicitada por la defensa pública todo lo [hicieron] Reyes
Alpízar y [él]” 251. Esa información no fue controvertida por el Estado. Por otra parte, Reyes Alpízar
249
Cfr. Declaración de Daniel García Rodríguez durante la audiencia Pública del presente caso.
250
Cfr. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela, supra, párr. 29, y Caso Cortez Espinoza Vs. Ecuador, supra, párr. 95.
251
Cfr. Declaración de Daniel García Rodríguez durante la audiencia Pública del presente caso.
-67-
Seleccionar párrafo de destino3
Conectar a un párrafo
Connect to an entity
Disable highlights
Añadir a la tabla de contenidos