Justicia en el marco del proceso penal llevado en su contra para acreditar las coacciones a las
cuales fue sometido durante el período de su arraigo. De conformidad con lo anterior, esta Corte
encuentra que también se vulneró el derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes
en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que
puedan arrojar luz sobre los hechos, contenido en el artículo 8.2.f de la Convención Americana en
perjuicio de Daniel García Rodríguez.
B.3. El derecho a la presunción de inocencia (artículo 8.2 de la Convención Americana)
258. En cuanto al derecho a la presunción de inocencia, el artículo 8.2 de la Convención
Americana establece que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Al respecto, la Corte ha sido
consistente en señalar que esta “exige que el Estado no condene informalmente a una persona o
emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se
acredite conforme a la ley la responsabilidad penal de aquella”. Por ello, las autoridades judiciales
a cargo del proceso y otras autoridades deben ser “discretas y prudentes al realizar declaraciones
públicas sobre un proceso penal, antes de que la persona haya sido juzgada y condenada”. En
efecto, el hecho que una persona sea referida por agentes del Estado ante los medios de
comunicación como autora de un delito cuando aún no ha sido legalmente procesada ni condenada,
puede constituir una violación al artículo 8.2 de la Convención 255.
259. En el presente caso, la Comisión y los representantes alegaron que se había vulnerado ese
derecho porque las presuntas víctimas fueron presentadas ante la opinión pública como unos de
los “responsables” del asesinato de la regidora. Esa información habría sido publicada en: a) los
boletines de prensa emitidos por la PGJEM; b) extractos de noticias incluidos en prensa de
circulación nacional, y c) un informe gubernamental, durante la investigación y tramitación del
proceso penal en su contra en los que fueron presentados por el Ministerio Público.
260. Sobre el particular, la Corte concuerda con el Estado cuando este afirma que la información
publicada en notas periodísticas por diversos medios de prensa no puede, en principio, ser
atribuible al Estado. Lo anterior adquiere mayor relieve al tratarse la víctima del homicidio de una
personalidad pública. Para probar tales extremos se debería brindar evidencia que permita
corroborar que esos medios respondieron a solicitudes de autoridades estatales o que la
información fue maliciosamente remitida a esos medios para que sea publicada.
261. Por otra parte, corresponde recordar con respecto a esas notas de prensa y boletines, que
el artículo 8.5 de la Convención Americana establece que “[e]l proceso penal debe ser público,
salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”. Este Tribunal ha señalado
que una de las principales características que debe reunir el proceso penal durante su
sustanciación es su carácter de público, el cual es un elemento esencial de los sistemas procesales
penales acusatorios de un Estado democrático y se garantiza a través de la realización de una
etapa oral en la que el acusado pueda tener inmediación con el juez y las pruebas y que facilite el
acceso al público. El derecho a un proceso público se encuentra protegido por diversos
instrumentos internacionales como elemento esencial de las garantías judiciales 256. La publicidad
del proceso tiene la función de proscribir la administración de justicia secreta, someterla al
escrutinio de las partes y del público y se relaciona con la necesidad de la transparencia e
imparcialidad de las decisiones que se tomen. Además, es un medio por el cual se fomenta la
255
Cfr. Caso Pollo Rivera y otros Vs. Perú, supra, párr. 177, y Caso Acosta y otros Vs. Nicaragua. Excepciones
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de marzo de 2017. Serie C No. 334, párr. 190.
256
Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile, supra, párr. 166.
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