las pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes de las víctimas, así como las
observaciones del Estado a las mismas, a la luz de los criterios fijados en su jurisprudencia en
relación con la naturaleza y alcance de la obligación de reparar, con el objeto de disponer las
medidas dirigidas a reparar los daños ocasionados 277.
A. Parte Lesionada
278. Este Tribunal considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención,
a quien ha sido declarada víctima de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por lo
tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” a Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar
Ortiz, quienes en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas en el Capítulo VIII, serán
considerados beneficiarios de las reparaciones que la Corte ordene.
279. Los representantes solicitaron reparaciones pecuniarias y no pecuniarias en favor de
terceras personas. De conformidad con lo concluido en el Capítulo sobre Consideraciones Previas
(supra Capítulo V), estas personas no son víctimas del caso por lo cual no pueden ser beneficiarias
de medidas de reparación dictadas por esta Corte. En ese sentido, el Tribunal no incluirá las
solicitudes de los representantes que se refieren a esas personas.
B. Obligación de investigar
280. La Comisión y los representantes solicitaron que se ordene al Estado “[c]oncluir
prontamente en el más breve plazo posible el proceso penal en contra de las víctimas del presente
caso, con apego a las normas del debido proceso garantizadas por la Convención Americana”.
Asimismo, requirieron que se lleve a cabo “una investigación seria, diligente y efectiva, en un plazo
razonable, para esclarecer los hechos de tortura, individualizar a los responsables e imponer las
sanciones que correspondan”. Además, requirió que se ordenen “las medidas de investigación para
establecer las responsabilidades correspondientes”.
281. El Estado indicó, con respecto a la solicitud de concluir en el plazo más breve posible el
proceso penal en contra de las presuntas víctimas, que “es evidente que jurisdiccional y
legalmente, el juez carece de mecanismos legales que le permitan cumplir la recomendación de
concluir el proceso en el plazo breve que refiere esa Comisión IDH, porque dicho acto procesal no
depende de la voluntad del juzgador, sino de la forma en que se desarrollen los actos procesales
cuya decisión también recae en los señores García Rodríguez y Reyes Alpízar”. No obstante lo
anterior, atento a la importancia que reviste el asunto, indicó que se compromete a “dictar la
sentencia correspondiente a la brevedad, y en pleno respeto del derecho a la defensa de las
presuntas víctimas”.
282. En relación con la solicitud de llevar a cabo una investigación seria, diligente y efectiva, en
un plazo razonable, para esclarecer los hechos de tortura, el Estado indicó que “por los supuestos
hechos de tortura denunciados […], la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura
practicó más de 500 diligencias, todas ellas de conformidad a estándares interamericanos respecto
de la tortura, así como los indicados en el Protocolo de Estambul”. Agregó que “la autoridad
ministerial determinó el no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa
TLA/MR/III/1973/2006, emitida el 3 de mayo de 2021, misma que fue confirmada el 18 del mismo
mes y año por el Fiscal Regional de Tlalnepantla, Estado de México, y notificada a las presuntas
víctimas” y que “las presuntas víctimas no objetaron la determinación anterior”. En virtud de lo
anterior, el Estado expresó que “cumplió con su obligación de llevar a cabo una investigación seria,
diligente y efectiva, en un plazo razonable, para esclarecer los hechos de tortura, la cual cumplió
277
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 25 y 26, Caso Leguizamón
Zaván y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de noviembre de 2020. Serie c no. 473, párr.
92, y Caso Baraona Bray Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre
de 2022. Serie C No. 481, párr. 157.
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