Reyes Alpízar Ortiz. Para tal efecto, el Estado podrá reabrir la averiguación TLA/MR/III/1973/2006 (supra párrs. 105 a 112) o iniciar una nueva investigación. previa B.3. Deber de investigar, procesar y sancionar las demás violaciones a los derechos humanos en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz 287. La Corte pudo comprobar que Daniel García y Reyes Alpízar: a) fueron detenidos ilegalmente; b) sin que se les informara sobre las razones de su detención; c) no fueron presentados sin demora ante una autoridad judicial; d) carecieron de una defensa técnica en los primeros días posteriores a su detención, y e) fueron privados de la libertad arbitrariamente al aplicarse la prisión preventiva oficiosa. A raíz de ello, se vulneraron los derechos a la libertad personal, la integridad personal, a las garantías judiciales, y a la vida privada, en su perjuicio. 288. En ese sentido, para esta Corte no cabe duda de que esos hechos fueron atribuibles al Estado por el acciones y omisiones de varios funcionarios policiales y operadores de justicia lo cual derivó en la responsabilidad internacional del Estado. En atención a ello, el Tribunal considera procedente ordenar al Estado que emprenda, de conformidad con la normatividad interna aplicable, los procedimientos disciplinarios, administrativos o de otra índole que correspondan, a fin de investigar, procesar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente caso. C. Garantías de no repetición C.1. Reformas legislativas 289. La Comisión y los representantes solicitaron que se ordene adecuar “el ordenamiento jurídico interno, incluyendo las normas constitucionales y legales que mantengan la figura del arraigo, a fin de eliminar definitivamente dicha figura”. Mientras ello ocurre, “asegurar que los operadores jurídicos llamados a aplicar la figura de arraigo, la dejen de aplicar mediante un debido control de convencionalidad, a la luz de los estándares interamericanos correspondientes”. 290. Por su parte, los representantes solicitaron que se ordene al Estado “la eliminación del orden jurídico interno la figura de la prisión preventiva bajo la figura legal del delito grave y la figura constitucional de prisión preventiva automática”. Adicionalmente requirieron que se establezca “la revisión periódica y de oficio por parte de la autoridad judicial de las medidas restrictivas de la libertad personal, siempre que cambien las circunstancias que dieron origen a su imposición o deje de ser necesaria y proporcional, así como proveer de oficio la presentación de los informes de las Unidades de Medidas Cautelares para la valoración técnica de la revisión”. 291. El Estado, solicitó que se tenga en cuenta los avances en el marco legal y en la estructura institucional que se ha tenido desde la época de los hechos hasta la actualidad, y que se le permita continuar con la mejora de los procedimientos judiciales y administrativos en la aplicación de la figura del arraigo y, por otra parte, continuar con sus procesos internos democráticos para la evaluación de la figura de la prisión preventiva oficiosa. 292. La Corte nota que la solicitud de reparación presentada por los representantes y la Comisión, relacionada con una reforma normativa, se refiere tanto a la figura del arraigo como a la figura de la prisión preventiva oficiosa. Con respecto a ello, corresponde recordar que en Capítulo VIII.1 de esta Sentencia, la Corte concluyó que el Estado era responsable por una violación a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, en relación con su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar, porque les fueron aplicadas las figuras legales del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, reguladas en el artículo 19 de la Constitución mexicana luego de que fuera reformada en el año 2008, así como en los artículos -76-

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