ministeriales se encuentran revestidas de las prerrogativas de haber sido realizadas por autoridad
pública”, por lo que hacían “prueba plena salvo prueba en contrario” (supra párr. 72).
218. Durante la audiencia pública del caso, Daniel García Rodríguez relató ante la Corte las
amenazas y malos tratos a los que habría sido sometido mientras se encontraba arraigado:
[…] me encadenaron ahí en ese lugar de arraigo y por la madrugada llegó una persona que se
dijo ser subprocurador de justicia el cual me llegó a despertar a decirme que tendría que firmar
documentos que inculpaban a personas que si bien yo conocía no me constaba ningún hecho
delictuoso. El señor me insistió que si no lo hacía, serían detenido y acusado de delitos mis
familiares y que él estaba seguro que un día le iba yo a firmar […]porque iba a detener hasta el
momento que llegara con un familiar que más me doliera. Lo cumplió, comenzó a detener a mis
familiares cercanos, primero a dos primeros hermanos a Martín Moreno Rodríguez y a Elvia
Moreno Rodríguez yo me enteré de aquella atención por la televisión los policías sabían que iba
ocurrir aquello porque prendían la televisión y en aquel momento vi el cateo en la casa de mi
tía, yo de inmediato consideré inverosímil puesto que yo conocía perfectamente las actividades
de mis familiares y las noticias avisaban de una supuesta actividad de espionaje y que habían
un sofisticado sistema para espiar a funcionarios municipales y señalaban directamente al
presidente municipal y a mí de esa responsabilidad. Días después detuvieron a mi papá al señor
Isaías García Godínez, torturado arraigado junto conmigo y después consignado y después en
prisión igual que yo también dictaron orden de aprehensión en contra de mi hermano de Isaías
García Rodríguez de un primo de Francisco Javier Sánchez García y persiguieron a otros
familiares directos. Cada vez que ocurría eso, este funcionario me iba y me insistía con la
intención a ver si ya me dolía la detención de mis parientes […].
219.
Daniel García Rodríguez también afirmó ante la Corte que:
[…] el entonces gobernador […] y el [entonces] procurador […] exhibieron públicamente como
delincuentes a quien se les ocurría, publicitándose como gobernantes que no le temblaban la
mano y para ejercer justicia […], eso les sirvió políticamente […] una de sus frases públicas […]
era que los derechos humanos no eran para las ratas […].
220. Sobre este punto corresponde recordar que este Tribunal ha establecido que, de
conformidad con el artículo 1.1 de la Convención Americana, la obligación de garantizar los
derechos reconocidos en los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención implica el deber del Estado de
investigar posibles actos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, el que se ve
precisado por los artículos 1, 6 y 8 de la CIPST 233. De esa cuenta, el Tribunal ha señalado que el
artículo 8 de la CIPST establece claramente que, cuando exista denuncia o razón fundada para
creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes
garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una
investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal 234.
221. En ese sentido, el juez encargado de resolver sobre la situación jurídica del detenido o
imputado, ya sea para dejarlo en libertad o dictar medidas cautelares -al ser la primera autoridad
imparcial con la que tiene contacto las personas detenidas-, debe ser garante de que se cumpla
el deber de investigar contenido en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura. En consecuencia, en casos en los que exista denuncia o sospecha de que una persona
detenida ha sido sometida a actos de tortura, la autoridad judicial debe remitir de inmediato, a la
persona detenida a la autoridad competente para que se lleve a cabo un examen médico que sirva
233
Cfr. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12
de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 54; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 147; Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2020. Serie C No. 398, párr. 151; Caso Olivares Muñoz y otros Vs.
Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de noviembre de 2020. Serie C No. 415, párr. 134, y Caso
Valencia Campo Vs. Bolivia. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de octubre de 2022.
Serie C No. 469, párr. 266.
234
Cfr. Caso Gutiérrez Soler Vs. Colombia, supra, párr. 54, Caso Olivares Muñoz y otros Vs. Venezuela, párr. 134;
Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú, supra, párr. 174, y Caso Valencia Campo Vs. Bolivia, supra, párr. 266.
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