para recabar las evidencias necesarias oportunamente para iniciar eventualmente el proceso que,
de oficio. Asimismo, deberá asegurarse que la persona detenida que alega haber sido torturada o
se sospecha que lo ha sido, sea evaluada por un médico que le pueda dar atención inmediata a su
salud. El examen para efectos de documentación de las lesiones a la integridad física debe ser
realizado por parte de un médico que no tenga vínculos con las autoridades penitenciarias o de
detención. En ese sentido, un juez no puede desentenderse de una denuncia de tortura frente a
la cual actúa como juez de garantía de la persona sometida al proceso.
222. En suma, para esta Corte es claro que Daniel García Rodríguez denunció haber sido
sometido a maltratos físicos y psicológicos severos durante la época en que fue sometido a la
medida de arraigo, y que no consta que esos hechos hubiesen sido investigados. Los maltratos
psicológicos que fueron descriptos por Daniel García son de una extrema severidad pues
consistieron en amenazar y detener a sus familiares y seres queridos. Además, buscaban una
finalidad precisa que consistió en obtener su confesión y firma de documentos implicando a otras
personas. Por otra parte, las declaraciones de Daniel García fueron puestas en conocimiento de la
autoridad competente y no fueron investigadas por parte de estas, incluso cuando el Juez Quinto
Penal no admitió dicho medio de prueba porque consideró que “las actuaciones ministeriales se
encuentran revestidas de las prerrogativas de haber sido realizadas por autoridad pública” (supra
párr. 72), por lo cual el Estado no desvirtuó esas alegaciones ni brindó una explicación plausible a
las mismas. Lo anterior se produjo en un contexto particular en materia de arraigo y vulnerabilidad
a hechos de tortura el cual fue mencionado en el apartado anterior (supra párr. 213). A ello se
suman las condiciones de encadenamiento en las que estuvo durante el período durante el cual
estuvo bajo arraigo, lo cual no fue desvirtuado por el Estado. Por todos esos motivos, se puede
concluir que fue sometido a malos tratos y torturas psicológicas por parte de las autoridades del
Ministerio Público del Estado de México. En consecuencia, este Tribunal concluye que el Estado es
responsable por la violación al derecho a la integridad personal y del derecho a no ser sometido a
torturas contenidos en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación con el artículo
1.1 del mismo instrumento, y los artículos 1 y 6 de la CIPST, en perjuicio de Daniel García
Rodríguez.
B.2. Las investigaciones sobre los alegados hechos de tortura
223. Según se ha indicado las autoridades no investigaron los maltratos que podían constituir
hechos de tortura que fueron denunciados por Daniel García Rodríguez el día 11 de abril de 2002
cuando fue llevado ante un juez por primera vez (supra párr. 72).
224. En cuanto a las investigaciones por los hechos de tortura denunciados por Reyes Alpízar el
25 de octubre de 2002, consta que recién fue abierta una averiguación previa el 29 de diciembre
de 2006, o sea cerca de cuatro años después. El Estado indicó, sin que fuera controvertido, que
en el marco de esta, fueron practicadas más de 500 diligencias (supra párr. 107). Por otra parte,
según fue señalado en el capítulo de hechos, esa investigación culminó el 3 de mayo de 2021
determinando el no ejercicio de la acción penal (supra párr.112).
225. A su vez, en el marco del proceso penal, a partir del año 2007, fueron investigadas las
torturas que habría sufrido Reyes Alpízar las cuales habían sido denunciadas en el año 2002. En
esa causa, frente a la presencia de pericias contradictorias, el Tribunal ordenó la designación de
peritos terceros en discordia (supra párr. 210). Sin embargo, una vez producidas esas pericias de
terceros, aún frente la producción de dos pericias psicológicas que constataron que Reyes Alpízar
presentaba trastornos de estrés postraumático característico de consecuencias de hechos de
tortura, las cuales resultan de particular relevancia frente a hechos de tortura que se produjeron
mucho tiempo atrás, no se tiene noticia de que las mismas hubiesen sido tomadas en cuenta por
el Tribunal competente para continuar con la investigación.
226. En consecuencia, de conformidad con lo expresado, esta Corte encuentra que el Estado es
responsable por una vulneración de su obligación de investigar con la debida diligencia contenida
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