ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no sólo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción 241. Además, la Corte ha sostenido que la anulación de los actos procesales derivados de la tortura o tratos crueles constituye una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales 242. 243. En el capítulo VIII.2.B.1 de esta Sentencia, la Corte arribó a la conclusión que Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz fueron sometidos a hechos de tortura para recabar confesiones o declaraciones contra terceras personas cuando fueron detenidos y luego arraigados. Del mismo modo, esos hechos fueron puestos en conocimiento de los tribunales competentes en el proceso penal que estaba siendo -y sigue siendo- llevado en su contra. Asimismo, esos hechos de tortura no fueron investigados de manera inmediata por parte de las autoridades, sino varios años después (supra Capítulo VIII.2.B.2). En el marco del proceso penal llevado en su contra, las evidencias recabadas a través de esos medios de coacción fueron utilizadas, en particular en los autos formales de prisión 243 (supra párrs. 73 y 78). 244. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte advierte que, si bien en la Sentencia de condena de 12 de mayo de 2022 contra Daniel García y Reyes Alpízar por parte del Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla sus declaraciones de 25 de febrero de 2002 y de 25 de octubre de 2002 fueron excluidas del acervo probatorio, estas no lo fueron porque las mismas correspondían a declaraciones obtenidas bajo coacción sino que se descartaron “tomando en consideración que [habían sido] recabadas durante los arraigos decretados en contra de los [procesados]” 244. 245. De conformidad con lo anterior, la Corte nota que las declaraciones de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, obtenidas en condiciones de coacción y tortura, han sido utilizadas en distintos actos procesales de la causa penal 88/2002, en particular en las decisiones mediante las cuales se ordenó la prisión preventiva de las presuntas víctimas. En ese sentido, lejos de ser excluidas del acervo probatorio toda vez que existía un velo de sospecha sobre su obtención que había sido denunciado y que fuera investigado tardíamente, las mismas pasaron a formar parte de las piezas procesales tomadas en cuenta para su encarcelamiento preventivo que se prolongó por más de 17 años. En consecuencia, por los motivos expresados, el Estado es responsable por la violación a su obligación de excluir la declaración obtenida bajo coacción contenida en el artículo 8.3 de la Convención Americana, en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. Cfr. Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, supra, párr. 199, Caso Grijalva Bueno Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021. Serie C No. 426, párr. 124, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 167. 241 242 Cfr. Caso Bayarri vs. Argentina, supra, párr. 108; Caso Herrera Espinoza y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 224, y Caso Montesinos Mejía Vs. Ecuador, supra, párr. 197. Cfr. Segunda Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Fallo Juicio de Amparo Indirecto 1192/2005-E. Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 23 de mayo de 2007 (expediente de prueba, folios 710 a 825). 243 244 En esa decisión, el Juzgado Penal recordó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la cual se determinó la inconstitucionalidad de la figura del arraigo prevista en el Código de Procedimientos Penales de Chihuahua así como por distintas entidades internacionales que se pronunciaron con la figura del arraigo pre-procesal en México. Cfr. Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla. Sentencia de 12 de mayo de 2022 (expediente de prueba, folio 70448). Por otra parte, consta que, en esa decisión, se realizó un análisis de los alegatos de tortura que padecieron, confrontando todos los peritajes que fueron producidos en relación con ese punto. Como resultado de ese cruce de información, el Juez no dio por acreditada la hipótesis de los hechos de tortura, aunque como se mencionó, las declaraciones que se obtuvieron bajo coacción fueron excluidas por otros motivos diferentes no relacionados directamente con los aquellos previstos en el artículo 8.3 de la Convención Americana. Cfr. Juzgado Penal del Distrito Judicial de Tlalnepantla. Sentencia de 12 de mayo de 2022 (expediente de prueba, folio 70367 y siguientes). -65-

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