que las autoridades deben actuar con mayor diligencia en aquellos casos donde de la duración del
proceso depende la protección de otros derechos de los sujetos del proceso 270.
267. El Tribunal advierte que en el presente caso las autoridades internas desarrollaron
investigaciones y procesos judiciales en la causa penal 88/2002 relacionada con el homicidio de la
regidora María de los Ángeles Tamés Pérez, en la cual figuran como presuntos autores Daniel
García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz. La Corte constata que las presuntas víctimas del caso
fueron vinculadas al proceso desde su detención, el 25 de febrero de 2002 para el caso de Daniel
García Rodríguez y el 25 de octubre de 2002 para el caso de Reyes Alpízar Ortiz. Ambos
recuperaron su libertad ambulatoria el 23 de agosto de 2019, fecha en la cual se ordenó medidas
cautelares no privativas de la libertad en su contra (supra párr. 87). Sin embargo, el proceso penal
continuó, hasta que, el 12 de mayo de 2022, recayó la sentencia de condena de primera instancia,
la cual fue apelada con posterioridad (supra párr. 79). El Tribunal concluye que transcurrieron más
de 20 años, 17 de los cuales, con las presuntas víctimas privadas de su libertad, desde que fuera
iniciado el procedimiento en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz sin que se
llegara, hasta el momento, a una determinación judicial en firme.
268. Para esta Corte, la causa penal no presentaba grandes complejidades en la medida que
versaba sobre el homicidio de una única persona, con dos imputados, sin que conste un gran
número de hipótesis de investigación que debieron ser agotadas, y con una parte importante de
la prueba testimonial y pericial recabada durante los primeros meses de esta.
269. Por otra parte, en lo que se refiere al segundo elemento de análisis del plazo razonable, la
Corte advierte que efectivamente las presuntas víctimas hicieron uso de un número consecuente
de recursos de impugnación en el desarrollo de su defensa. Todos esos actos procesales
consistieron en intervenciones que les eran razonablemente exigibles en las distintas etapas
procesales. Sobre ese punto, corresponde recordar que la utilización de medios de impugnación
reconocidos por la legislación nacional susceptibles de garantizar la tutela de los derechos e
intereses procesales no pueden ser valorados en contra del recurrente 271. En ese sentido, no
resulta aceptable el alegato del Estado, que atribuye a la conducta procesal de las presuntas
víctimas la prolongación del procedimiento judicial.
270. En cuanto al tercer elemento, el Tribunal advierte que se desprende del análisis de los
hechos del caso, tal como lo menciona la sentencia de condena de 12 de mayo de 2022, que gran
parte de la actividad de investigación fue desarrollada durante los primeros años del proceso, y
que con posterioridad a ello hubo períodos de inactividad procesal referida específicamente a la
causa 88/2022, y a la determinación de las responsabilidad por el homicidio por el cual estaban
siendo procesadas las presuntas víctimas de este caso.
271. Por último, sobre el grado de afectación generada en la situación jurídica de las presuntas
víctimas, es claro que la prolongación extraordinaria del proceso penal impactó de forma
consecuente en la prolongación de la medida cautelar privativa a la libertad que les había sido
impuesto y que se extendió por un período aproximado de 17 años. Por otra parte, cabe recordar
que las medidas cautelares restrictivas a la libertad se siguen prolongando hasta la actualidad, en
espera de una decisión en firme en el proceso penal en su contra (supra párr. 87).
272. De acuerdo con lo anterior, la demora en la investigación y el proceso por más de 21 años
desde que fue asesinada la regidora María de los Ángeles Tamés Pérez en el año 2001, y por más
de 20 años desde que fueron vinculadas las presuntas víctimas de este caso, no se puede explicar
por la complejidad del proceso ni por la conducta de las presuntas víctimas, sino por una actividad
270
Cfr. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de
2008. Serie C No. 192., párr. 155; Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, supra, párr. 202, y Caso Villamizar Durán y
otros Vs. Colombia, supra, párr. 166.
271
Cfr. Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 174, y Caso Jenkins Vs. Argentina, supra, párr. 117.
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