llamada “Operación Castelinho”. Por lo tanto, las solicitudes de la Comisión o los
representantes que no se encuentran incluidas en este marco carecen de nexo causal con los
hechos probados y las violaciones que fueron declaradas en esta Sentencia. Asimismo, recalca
que, a partir del marco fáctico del presente caso, no es posible advertir que, con relación al
caso concreto, haya un nexo causal entre las solicitudes de los representantes referentes a:
programas de reconocimiento de la actuación policial, prohibición de remociones, capacitación
del personal policial cuando se encuentra fuera de servicio, el mejoramiento de las condiciones
de trabajo de este personal y el acompañamiento psicológico y terapéutico a las personas
víctimas de la violencia policial. En consecuencia, este Tribunal no estima pertinente ordenar
las medidas solicitadas. En cuanto a las solicitudes restantes, la Corte estima que las medidas
de reparación ordenadas en la presente Sentencia son suficientes y adecuadas para remediar
las violaciones sufridas por las víctimas. En consecuencia, no considera necesario ordenar la
adopción de medidas de reparación adicionales.
G. Indemnizaciones compensatorias
198. La Comisión solicitó que la Corte ordene al Estado medidas de compensación
económica.
199. Los representantes solicitaron a la Corte ordenar al Estado el pago de USD$5.000
fijados en equidad, para cada grupo familiar, por el daño material causado por los gastos
fúnebres, traslados para rendir declaraciones, medicamentos y tratamientos, de los cuales
alegaron no haber podido reunir prueba debido al tiempo transcurrido desde la ocurrencia de
los hechos y la falta de conocimiento de las víctimas de la necesidad de conservar los
comprobantes de los gastos. Asimismo, solicitaron el pago de USD$50.000 para cada una de
las víctimas directas, a ser pagadas a sus familiares, por concepto de daño inmaterial
causados por (i) la “forma brutal” como murieron sus familiares; (ii) el sentimiento
generalizado de indignación de sus familiares; (iii) las humillaciones y prejuicios generados
dada la amplia mediatización de la operación; (iv) la falta de apoyo estatal, tanto el plano
material como psicológico; (v) el sufrimiento de los respectivos familiares por crecer sin sus
padres, enterrar a sus hijos o “ver morir” a sus hermanos, y (vi) la denegación de justicia, y
(vi) la impunidad en la que permanecen los hechos, transcurridos 20 años de su ocurrencia.
200. El Estado se opuso a las indemnizaciones solicitadas al considerar que no incurrió en
las violaciones alegadas. Agregó que no se han agotado los recursos internos de reparación,
por lo que hay una doble persecución de reparaciones civiles, lo que viola el principio non bis
in idem. Por otro lado, resaltó que no hay comprobantes de gastos a partir de los cuales esta
Corte pueda determinar el monto de la reparación y solicitó que no se ordenen
indemnizaciones a título de daño moral por las alegadas violaciones a la obligación de
investigar, pues estas solo se deberían ordenar en casos muy específicos y particularmente
graves. Añadió que, en caso de que se decida reconocer esta violación, las indemnizaciones
deben calcularse a la luz de la prueba producida y verificando, en concreto, la afectación a la
integridad personal, y no solo con base a lo alegado por los representantes.
201. Esta Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y ha
establecido que supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos
efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan
un nexo causal con los hechos del caso 301. En cuanto al daño inmaterial, ha establecido que
este puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas
y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así
Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, supra, párr. 43, y Caso Rodríguez
Pacheco y otra Vs. Venezuela, supra, párr. 180.
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