como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de las
víctimas o su familia 302.
202. Respecto al alegato estatal de que la adopción de medidas de indemnización por parte
de este Tribunal configuraría un bis in idem y una violación al principio de subsidiariedad, la
Corte recuerda que en otros casos ha determinado que, de existir mecanismos nacionales
para determinar formas de reparación, esos procedimientos y sus resultados deben ser
valorados 303, siempre que satisfagan criterios de objetividad, razonabilidad y efectividad para
reparar adecuadamente las violaciones de derechos declaradas por el Tribunal 304. A su vez,
si esos mecanismos no satisfacen tales criterios, corresponde a la Corte, en ejercicio de su
competencia subsidiaria y complementaria, disponer las reparaciones pertinentes, pues las
víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades en la búsqueda de una justa
compensación 305.
203. Asimismo, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, para que no resulte
procedente ordenar reparaciones adicionales a las ya otorgadas en el ámbito interno, es
insuficiente que el Estado reconozca que estas ya han sido otorgadas, a través de los recursos
administrativos o judiciales disponibles a nivel interno. En efecto, además es necesario
evaluar si el Estado efectivamente reparó las consecuencias de la medida o situación que
configuró la vulneración de derechos humanos en un caso concreto, si estas reparaciones son
adecuadas, o si existen garantías de que los mecanismos de reparación interna son
suficientes 306. Así las cosas, el Tribunal recuerda que, dentro del acervo probatorio de este
caso, consta información sobre siete acciones civiles indemnizatorias incoadas por los
familiares de las víctimas directas (supra párr. 66). De estas, únicamente considerará las
eventuales indemnizaciones que se habrían otorgado a aquellos familiares declarados víctimas
en esta Sentencia.
204. La Corte reconoce y valora positivamente los esfuerzos realizados por Brasil a fin
cumplir con su deber de reparar en el presente caso. No obstante, recuerda que, con respecto
a las acciones civiles interpuestas (supra párrs. 130 a 137), solo cuenta con información
respecto al pago efectivo 307 a favor de la esposa de José Airton Honorato, la víctima Elisângela
302
Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala., supra, párr. 84, y Caso
Rodríguez Pacheco y otra Vs. Venezuela, supra, párr. 186.
303
Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 246, y Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs.
Colombia, supra, párr. 629.
304
Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia, supra, párr. 246, y Caso Casierra Quiñonez y otros Vs. Ecuador.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2022. Serie C No. 450, párr. 224.
305
Cfr. Caso Cepeda Vargas Vs. Colombia, supra, párr. 246; Caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero de 2016. Serie C No. 312, párr.
299, y Caso Tenorio Roca y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
22 de junio de 2016. Serie C No. 314, párr. 323.
306
Cfr. Caso Vereda La Esperanza Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 341, párr. 263, y Caso Benites Cabrera y otros Vs. Perú. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de octubre de 2022. Serie C No. 465. párr. 134.
307
La Corte cuenta con información que indica que en el año 2015 se pagaron las cantidades totales de R$ 140.
429,64 (ciento cuarenta mil cuatrocientos veintinueve reales con sesenta y cuatro centavos) (para un total
R$185.300,12, debido a los rendimientos bancarios generados) y R$ 8.676.19 (ocho mil seiscientos setenta y seis
reales con diecinueve centavos) a favor de, entre otros, Elisângela de Souza Santos. Sin embargo, desconoce el
monto específico que habría recibido solo la víctima Elisângela de Souza Santos. Cfr. Certificado de orden de pago
de 25 de agosto de 2015, emitido dentro del proceso no. 0005531-69.2004.8.26.0053 (expediente de prueba, folios
115437 a 115439); Orden judicial para retirar el pago (“mandado de levantamento judicial” en portugués) de 25 de
agosto de 2008 (expediente de prueba, folio 115441); Comprobante de pago de 15 de septiembre de 2015
(expediente de prueba, folio 115442); Sentencia de 4 de abril de 2016 emitida por la jueza de derecho del Sector de
Ejecuciones contra la Hacienda Pública del Juzgado de São Paulo (expediente de prueba, folio 115443), y Oficio de
30 de agosto de 2016 emitido por el gerente del Banco Brasil S.A (expediente de prueba, folio 115448).
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