La solicitud de protección en favor de los integrantes del Centro de DD.HH Miguel Agustín Pro Juárez se deriva de la ejecución extrajudicial de su colega Digna Ochoa y las amenazas a los miembros del Centro dejadas junto a su cadáver. La protección también incluyó a los padres y hermanos de Digna Ochoa como consecuencia de los hostigamientos recibidos en su búsqueda de justicia.

En abril de 2004, la CorteIDH levantó parcialmente las medidas de protección manteniéndolas sólo en favor de las abogadas Pilar Noriega García y Bárbara Zamora López, del abogado Leonel Rivero y de los padres y hermanos/as de Digna Ochoa.