Los hechos del caso se refieren a las amenazas y hostigamientos sistemáticos padecidos por un grupo de personas, la mayoría integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Colombia. El origen de la solicitud se relaciona con el atentado sufrido en la sede de Medellín de ASFADDES. Durante su vigencia, la CorteIDH amplio en varias oportunidades la protección hacia diferentes personas relacionadas con el trabajo de la organización de derechos humanos mencionada.

En mayo de 2013, la CorteIDH cambió el nombre del tramite por el de “Almanza Suárez respecto de Colombia”.