Los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada de Edgar Fernando García, sindicalista y dirigente estudiantil, llevada a cabo tras su detención -el 18 de febrero de 1994- por miembros de la Brigada de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. La Corte IDH ubicó los hechos en un contexto de violencia interna en el país durante el cual los servicios de inteligencia tuvieron un papel particularmente importante como responsables de la recolección y examen de información de las personas a quienes consideraban "enemigos internos".

La Corte IDH aplicó criterios sobre desaparición forzada como violación múltiple y permanente de derechos y la obligación estatal de investigar la misma. Asimismo desarrolló estándares sobre la libertad sindical como forma de la libertad de asociación en el marco de un patrón estatal de captura y eliminación de líderes sindicales y de organizaciones estudiantiles.