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gestiones para el arreglo del teléfono del casco urbano del corregimiento de la
Comunidad, que actualmente se encuentra en servicio;
d)
sobre el homicidio de José Antonio Graciano Usaga y Jairo Valencia
Vanegas por los hechos ocurridos el 13 de abril de 1997, se inició la
investigación para la individualización e identificación de los responsables y la
Fiscalía de Apartadó ha intentado la ubicación de testigos por todos los
medios posibles. En la actualidad la investigación se encuentra en “Previas”;
e)
sobre la presunta desaparición de Ovidio Torres Areiza, se ordenó la
remisión de la investigación a la Fiscalía Especializada de Apartadó en
noviembre de 1998. Igualmente se procedió con respecto los homicidios de
Elías Zapata, Heliodoro Zapata, Alberto Valle y Félix Antonio Valle
(investigación No.4994); los homicidios de Gilberto y Miguel Ramírez Giraldo
(investigación No.4909); y el presunto secuestro de Miguel y Bertha Guisao
(investigación No.4985). Esta última investigación se encuentra en etapa de
acopio de pruebas;
f)
en lo que se refiere a los hechos ocurridos el 4 de abril de 1999 por los
delitos de homicidio y lesiones personales, se han realizado varias
actuaciones judiciales para investigarlos. En la actualidad la investigación se
encuentra en “Previas”;
g)
en relación con el homicido de Pedro José Zapata Velásquez, Eliodino
Rivera Zapata, Jaime Antonio Guzmán Urrego, Rigoberto Guzmán Urrego,
Diofanor de Jesús Sánchez Borja y Humberto Antonio Sepúlveda, como
consecuencia de los hechos del 8 de julio de 2000, se han llevado a cabo
investigaciones (No.377.912), algunas actuaciones judiciales y en la
actualidad se encuentra en la práctica de pruebas; y
h)
las autoridades de Colombia han desarrollado ingentes esfuerzos y
actividades para mejorar la seguridad de la Comunidad, así como el impulso
de las investigaciones correspondientes. El Estado continuará el desarrollo de
las investigaciones así como de las medidas de protección.
8.
La audiencia pública sobre la presente solicitud de medidas provisionales
celebrada en la sede de la Corte Interamericana el 16 de noviembre de 2000 a la
que comparecieron:
por el Estado de Colombia:
Fernando Alzate Donoso, agente, Director General de Asuntos Especiales del
Ministerio de Relaciones Exteriores;
Carlos Julio Vargas, miembro de la Unidad de Derechos Humanos,
Vicepresidencia de la República;
Claudia Patricia Cáceres, asesora; y
Mónica Jiménez, asesora.
Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Robert K. Goldman, delegado;
Verónica Gómez, asesora;
Hermana Clara Lagos, asistente;