Los hechos del caso se refieren a las amenazas a la integridad y a la vida a la que están expuestos testigos de un violento ataque realizado el 3 de agosto de 1999 por patrulleros civiles contra participantes desarmados de una manifestación a favor de los derechos humanos que tuvo lugar en Colotenango, departamento de Huehuetenango.

La Corte IDH ordenó en 1997 la ampliación de las medidas de protección para alcanzar a más testigos y familiares.