investigación. De esta forma, las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones
injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de
impunidad, han provocado que en los familiares de las víctimas sentimientos de
angustia, tristeza y frustración.
282. En particular, Adriana Reisfeld, Diana Wassner y Jorge Lew a través de Memoria
Activa han jugado un rol fundamental en el impulso de la investigación y de los procesos
judiciales 337. Sin embargo, han tenido que enfrentar múltiples obstáculos que les han
impedido su efectiva participación en los procesos de investigación y los procesos
judiciales. De esta forma, ante una pregunta de un juez de la Corte, la declarante Diana
Wassner indicó acerca de la Fiscalía que esta “es fantasma, porque una fiscalía que
nunca cita a los familiares ni a nuestros abogados para que vayan a ver cómo va la
causa, que no le informa nada nadie […]” 338. Sobre la comunicación con los fiscales, el
Memorando de Madrid sobre buenas prácticas en materia de asistencia a las víctimas del
terrorismo inmediatamente tras el atentado y durante el proceso penal, indica que “las
reuniones de víctimas, investigadores y fiscales pueden contribuir a aliviar su
sentimiento de impotencia y favorecer la confianza en el sistema merced a la
transparencia. Las víctimas pueden formular preguntas, de tal manera que sus
expectativas sobre el proceso judicial sean realistas. Los fiscales deben intentar facilitar
información en un lenguaje sencillo cuando sea posible” 339. Asimismo, los obstáculos en
la sistematización de la información y pruebas existentes sobre el atentado (supra, párrs.
205 y 206) también ha impedido que las víctimas tengan un verdadero acceso a las
fuentes que podrían aclarar lo que sucedió durante el atentado, lo que también
contribuye a su sufrimiento psíquico. En efecto, los principios marco para asegurar los
derechos humanos de las víctimas del terrorismo han establecido que “[e]n todos los
casos debe proporcionarse a la víctimas o sus familiares la información necesaria para
ejercerlos derechos que les reconozca la legislación interna de participar en causas
penales contra el imputado” 340.
283. En virtud de todo lo anterior, la Corte concluye que el Estado violó el derecho a la
integridad psíquica y moral consagrado en el artículo 5.1 de la Convención, en relación
con el deber de respecto establecido en el artículo 1.1 del mismo instrumento en
prejuicio de Adriana Reisfeld, Lucía Oroño Reisfeld, Ana Clara Oroño Reisfeld, Diana
Wassner, Débora Malamud, Astrid Malamud, Jorge Lew y Nicolás Lew.
337
Adriana Reisfeld, Adriana Wassner y Jorge Lew no solo han sido declarantes en los diferentes procesos
internos, sino que han impulsado muchos de ellos como querellantes a nombre de Memoria Activa. Sobre las
declaraciones, Adriana Reisfeld declaró en la audiencia pública que había declarado “Cuatro [veces], dos veces
en los juicios, que fueron muy difíciles porque de verdad nos hostigaban con las preguntas como si nosotros
tendríamos algo que ver, nosotros reclamamos un derecho que tiene cualquier ciudadano en el mundo que es
justicia, sin embargo, siempre nos hostigaron por eso y la tercer vez fue la Comisión, pero bueno, ahí otra
relación, pero muy fuerte, que nos afecta en lo físico desde ya”. Declaración de Adriana Reisfeld en la audiencia
pública de 13 de noviembre de 2022.
338
Declaración de Diana Wassner en la audiencia pública de 13 de noviembre de 2022.
Foro Global contra el terrorismo. Memorando de Madrid de buenas prácticas en materia de asistencia
a las víctimas del terrorismo inmediatamente tras el atentado y durante el proceso penal. 27 de septiembre
de
2013.
Buena
práctica
No.
12.
Disponible
en
https://www.thegctf.org/Portals/1/Documents/Framework%20Documents/Translations/Spanish/GCTFMadrid-Memorandum-ESP%20(Govt%20of%20Spain).pdf?ver=2016-09-12-124756-010.
339
340
Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Ben Emmerson. Principios marco
para asegurar los derechos humanos de las víctimas del terrorismo, A/HRC/20/14, 4 de junio de 2012, párr.
37.
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