2. Los peticionarios alegan que a pesar de que la Constitución Nacional 2 y
la Constitución de la Provincia de Salta3 reconocen a los pueblos indígenas la
posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan y,
aseguran su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afecten, a la fecha no se les han reconocido legalmente
estos derechos.
3. El Estado, desde su primera respuesta, ofreció su disposición para
iniciar un proceso de solución amistosa con los peticionarios, a través del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con la finalidad de reconocer la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras en las que habitan estas comunidades,
conforme al artículo 75(17) de la Constitución Nacional. Los peticionarios
aceptaron iniciar el proceso de solución amistosa a fines del año 2000, con la
condición previa de que el Estado interrumpiera las obras que dieron origen a la
presente denuncia y no se realizaran nuevas mediciones y parcelamientos, hasta
que se lograra un acuerdo sobre cómo se realizaría la distribución de la tierra en
los lotes fiscales Nº 14 y 55.
4. La convocatoria por parte de la Provincia de Salta, en julio de 2005, de
un referéndum a celebrarse en octubre de 2005, para que los habitantes del
departamento de Rivadavia manifestaran si estaban de acuerdo o no con la
entrega de la tierra correspondiente a los lotes 14 y 55 a sus actuales ocupantes;
así como la falta de consenso respecto a la forma de entrega de la tierra a las
comunidades indígenas, llevó a los peticionarios a romper el procedimiento de
solución amistosa desarrollado durante 5 años.
5. Con respecto a la admisibilidad, los peticionarios alegan que su petición
es admisible, porque se han agotado los recursos internos en relación a la falta de
consulta a las comunidades y por aplicación de la excepción contemplada al
requisito de agotamiento de recursos internos, prevista en el artículo 46.2 de la
Convención al no existir en el ordenamiento jurídico argentino un procedimiento
efectivo para delimitar, demarcar y titular las tierras indígenas bajo un "título
único". Por su parte, el Estado mantiene que no se han agotado todos los
recursos internos.
6. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este
informe que el caso es admisible, pues reúne los requisitos previstos en el artículo
46 de la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión Interamericana decide
notificar la decisión a las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la
supuesta violación del derecho a las garantías judiciales (artículo 8.1), al derecho
a la libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13) en conexión con los
2 Artículo 75(17) de la Constitución Nacional de la República Argentina.
3 Artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Salta.

2

Select target paragraph3