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g)
“La magnitud de la campaña gubernamental […] ha producido un
rechazo y un riesgo permanente para las personas que han denunciado y
documentado esta violencia” y la señora Pérez Torres “ha sido identificada
como una de las principales personas que documentó y estableció el registro
de los hechos de violencia contra las mujeres cometidos por las autoridades”.
h)
“Este riesgo est[á] presente para los integrantes de su familia
inmediata, incluyendo su madre” y “ha llevado a tomar la decisión de que su
hija mayor, de 13 años, deje de asistir a la escuela secundaria pues no tienen
mínimas garantías de seguridad”. En particular, “[m]ientras [la señora] Pérez
Torres todavía trabajaba en el periódico El Norte sucedió que personas ajenas
a la institución educativa se colocaban fuera de ésta y buscaban llamar a su
hija para que se acercara”, y
i)
“la situación de su esposo, Alejandro Quintero, es de suma
preocupación, pues también es periodista”, y “su seguridad también se ha
visto afectada”. En particular, en su periódico “quedó relegado de obtener un
vehículo para transportarse de manera más segura y eficiente, pues éstos
fueron repartidos principalmente para quienes sí han escrito y difundido las
premisas de la campaña para limpiar la imagen de Ciudad Juárez respecto del
femicidio” y “[h]ace dos meses […] renunció a su trabajo pues los medios de
comunicación […], ni las autoridades locales proporcionan garantías mínimas
para su trabajo”.
12.
Que por todo lo anterior las representantes concluyeron que “la situación de
riesgo es insostenible para toda la familia Quintero Pérez” y “que la principal vía de
garantizar su seguridad es saliendo de Ciudad Juárez y manteniéndose alejados de la
vigilancia de cuerpos de seguridad pública”. Agregaron que en específico dos
situaciones de contexto incrementan el clima de riesgo contra su vida e integridad:
“la militarización en Ciudad Juárez que afecta de manera particular a periodistas” y el
“testimonio [de la señora Pérez Torres] ante [la] Corte que vuelve a colocar en el
ámbito público […] su trabajo y su conocimiento sobre el tema”.
13.
Que además, las representantes señalaron que debido a la campaña de los
medios de comunicación, que “estigmatiza como enemigos de la ciudad a quienes
exigen justicia y se les amenaza de una manera muy velada”, una de las principales
acciones que puede garantizar la seguridad de la señora Pérez Torres y su familia “es
generar espacios que amplíen la información, más allá de la actual versión oficial y
campaña de limpieza de imagen de Ciudad Juárez”. En particular, las representantes
sugirieron que “a través de los espacios oficiales y pagados con los que cuenta el
gobierno federal en los medios de comunicación locales, se inserten secciones o
desplegados de información relacionada con este tema y con los derechos de las
mujeres, con contenidos aprobados por la propia periodista Pérez Torres” con el
propósito de contrarrestar “el vacío de información y la hostilidad y constante
amenaza contra quien presenta y actúa con base a otro tipo de información y
opinión”, así como “la difusión de frases y acciones mediáticas discriminatorias
contra las mujeres y que construyen estereotipos de subordinación y violencia en
contra de las mujeres”.
14.
Que por otro lado, debido al “temor ante las autoridades de seguridad pública
de cualquier orden de gobierno, por la manera en cómo han llevado las
investigaciones tanto de los casos de desapariciones y homicidios de mujeres como