Los hechos del caso se refieren a la muerte de María Inés Chinchilla quien se encontraba bajo custodia del Estado privada de libertad -cumpliendo una condena por el delito de homicidio- en el Centro de Orientación Femenino, en el que no contó con la atención médica adecuada para su condición de salud.

La condición de salud de la Sra. Chinchilla Sandoval se deterioró de manera progresiva durante su detención, sufriendo la amputación de una pierna y, finalmente, su muerte. En su Sentencia, la Corte IDH analizó de manera específica el alcance de la obligación estatal de proveer asistencia y tratamiento médico adecuado a las personas que se encuentran privadas de libertad, y el control judicial de la misma. Asimismo desarrolló el alcance de los deberes de protección especial frente a las situaciones de discapacidad.