Los hechos que fundamentan la solicitud de protección a favor –entre otros- de Wenceslaus James, Anthony Briggs, Anderson Noel, Anthony García y Christopher Bethel se refieren a sus condenas a pena de muerte en Trinidad y Tobago. El otorgamiento de las medidas tiene como objetivo frustrar su ejecución y permitir que una eventual determinación de responsabilidad estatal por parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos permita la reparación correspondiente.

En abril de 2009, la CorteIDH resolvió el levantamiento de las medidas de protección en relación con un grupo de beneficiarios disponiendo el seguimiento de su situación en el marco del trámite de supervisión de cumplimiento de sentencia de fondo del caso Hilaire, Constantine, Benjamín y otros.

En ese mismo acto procesal, la CorteIDH dispuso mantener la protección en favor de un grupo de 7 víctimas, ordenando el cambio de la caratula de proceso por el de “Caso de Dottin y otros”.

Finalmente la CorteIDH levantó todas las medidas en abril del 2013, archivando todo el proceso.