Los hechos del caso se relacionan con la situación de un grupo de personas condenadas y privadas de libertad en la Provincia de Neuquén, quienes fueron trasladados a cumplir su pena en unidades carcelarias distantes a más de 1000 kilómetros del lugar donde reside su familia y se encuentran sus defensores y los órganos encargados de la ejecución de la pena.

En su Sentencia la CorteIDH desarrolló estándares sobre el derecho a la integridad personal de las personas privadas de libertad, en particular, en relación con la finalidad de la pena.

Asimismo analizó afectaciones a la vida privada y al derecho a la protección a la vida familiar de las personas privadas de libertad y de sus familiares como consecuencia de traslados arbitrarios y desproporcionados.