14 CIDH, Caso Bámaca Velásquez, Sentencia de 25 de noviembre de 2000, Serie C No. 70, 2001, pp. 171 y ss., párrs. 2-5). 51. Jurídicamente, víctima es quien resiente el daño de un bien jurídico amparado por un derecho o una libertad que poseen la relevancia necesaria para figurar en la elevada categoría de los derechos “humanos o fundamentales”. El artículo 63.1 de la Convención, que constituye el marco para las determinaciones de la Corte en lo que respecta a las reparaciones, que a su vez son un capítulo descollante en el conjunto del sistema protector de los derechos humanos --sin reparaciones, éste quedaría privado de efectos prácticos--, señala que una vez establecido que hubo violación de un derecho o libertad el tribunal interamericano “dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada” (énfasis agregado). 52. Como se ve, la Convención Americana identifica al sujeto activo de la violación como “lesionado” o “parte lesionada”, esto es, como persona humana (considerando, en este punto, la expresión del artículo 1.1 del mismo Pacto de San José) que sufre la “lesión” (vulneración, menoscabo, reducción: ataque realizado, en suma, no sólo peligro de afectación) de un bien --debido a la vulneración de un derecho o libertad reconocidos en la Convención-- y por ello se coloca como “parte” en un litigio (aludo a parte en sentido material y a litigio como dato sustantivo previo al proceso, medio compositivo de aquél, siguiendo la terminología carneluttiana) en el que se hallan frente a frente el Estado y la persona lesionada, sin perjuicio de que en la contienda procesal actúen las partes en sentido formal que la propia Convención reconoce. En los términos del artículo 63.1, la garantía del derecho o la libertad conculcados corresponde al lesionado y el pago de la indemnización --que es una especie, no la única, en el género de las reparaciones, como ha reiterado la jurisprudencia de la Corte--, a la parte lesionada. 53. El Reglamento de la Corte, aprobado en el año 2000 y vigente hoy día, se ocupa en caracterizar a la “víctima” y a la “presunta víctima”. Así, entiende que víctima es “la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo con sentencia proferida por la Corte” (artículo 2.31), y presunta víctima significa “la persona de la cual se alega han sido violados los derechos protegidos en la Convención” (artículo 2.30). Es evidente que conforme a este Reglamento los conceptos de víctima y presunta víctima se identifican con lesionado o parte lesionada, por un lado, y con presunto lesionado o presunta parte lesionada, por el otro. Aun cuando la Convención no se expresa en términos de presunción, éstos permiten la designación natural de quien ha sido señalado como víctima mientras se llega a la resolución declarativa que transforma ese señalamiento, procesal y preliminar, en una calificación jurídica, acreditada y definitiva. Así, la relación que antes mencioné entre lesionado y parte lesionada, de un lado, e indemnización, de otro, queda igualmente establecida en lo que respecta a víctima o presunta víctima e indemnización. 54. Ahora bien, el Reglamento del año 2000 --cuarto Reglamento en la historia de la Corte Interamericana--, que ha ensanchado el papel de los particulares ante el tribunal, aproximando cada vez más --hasta donde lo permite el marco procesal del Pacto de San José-- la parte material y la parte procesal, incorporó referencias a los familiares. Esta voz significa “los familiares inmediatos, es decir, ascendientes y descendientes en línea directa, hermanos, cónyuges o compañeros permanentes, o aquellos determinados por la Corte en su caso” (que pudieran estar vinculados con la víctima directa e inmediata por una relación de parentesco más o menos cercana, y por motivos de afecto y convivencia que llevan a tratarlos con la misma