RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

DE 5 DE JUNIO DE 2012

CASO DE LA MASACRE DE SANTO DOMINGO VS. COLOMBIA

VISTO:
1.
El escrito de sometimiento del caso presentado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (en adelante también “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) ante
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la
Corte” o “el Tribunal”) el 8 de julio de 2011, mediante el cual ofreció dos dictámenes
periciales, sobre los que indicó su objeto pero no identificó a uno de los peritos propuestos.
2.
La comunicación de 9 de agosto de 2011, mediante la cual la Comisión presentó un
perfil profesional del señor Andrés Celis, ofrecido como segundo perito.
3.
El escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y sus anexos (en adelante el “escrito de
solicitudes y argumentos”) presentado por los representantes de las presuntas víctimas1 (en
adelante “los representantes”) el 21 de noviembre de 2011, mediante el cual ofrecieron 20
declaraciones de presuntas víctimas, una declaración testimonial y cinco dictámenes periciales.
4.
El escrito de interposición de excepciones preliminares, contestación a la demanda y
observaciones al escrito de solicitudes y argumentos y sus anexos (en adelante “el escrito de
contestación”), recibido el 9 de marzo de 2012, mediante el cual la República de Colombia (en
adelante “el Estado”) ofreció un testimonio y cinco dictámenes periciales, sin identificar a las
personas que proponía. El Estado manifestó, inter alia, que “a la brevedad” pondría en
conocimiento de la Corte los nombres y hojas de vida de los peritos; solicitó, si se consideraba
pertinente, un plazo para ello; y subsidiariamente solicitó que, si no aceptaba su prueba
pericial, “sea [la Corte] quien postule los nombres de los peritos internacionales”. Además,
manifestó que, “en cualquier [caso], el Estado […] asumirá los costos de los peritos que la
Corte decrete de oficio”.
5.
Las notas de Secretaría de 25 de abril de 2012, mediante las cuales se informó a las
partes que la Corte celebraría audiencia en este caso en su XCV Período Ordinario de Sesiones
y se les solicitó, en los términos del artículo 46.1 del Reglamento2, sus listas definitivas de
declarantes. Asimismo, en razón del principio de economía procesal y en aplicación del referido
artículo del Reglamento, se solicitó que indicaran quiénes de los declarantes podrían rendir
declaración ante fedatario público (afidávit), y quiénes considerarían que debían ser llamados a
declarar en audiencia pública.
6.
El escrito de 8 de mayo de 2012, mediante el cual los representantes presentaron su
lista definitiva y ofrecieron las declaraciones mediante afidávit de catorce presuntas víctimas,
de un testigo y de cuatro peritos (de los cuales solicitaron la sustitución de uno inicialmente

1

Las presuntas víctimas en el presente caso designaron como sus representantes a la Corporación Colectivo de
Abogados “José Alvear Restrepo” (CCAJAR), Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HCVJ), la Fundación de
Derechos Humanos “Joel Sierra”, la Asociación para la Protección Social Alternativa “Minga”, y los abogados Douglass
Cassel, David Stahl y Lisa Meyer.
2

Reglamento aprobado por la Corte en su LXXXV Período Ordinario de Sesiones celebrado del 16 al 28 de
noviembre de 2009.

Select target paragraph3