A.

PARTE PETICIONARIA

6.
La parte peticionaria alegó que el 29 de junio de 2009 en horas de la noche, Vicky Hernández, mujer
trans, registrada al nacer como Johny Emilson Hernández, fue asesinada en la ciudad de San Pedro Sula, en el marco de
las redadas llevadas a cabo por la Policía Nacional mientras se encontraba en vigencia un toque de queda decretado un
día antes, tras el golpe de Estado en el país. Enfatizó que la muerte tuvo lugar en un momento en que “solamente había
presencia de las fuerzas del orden en las calles”. Refirió que los hechos se enmarcaron en un contexto de discriminación
y violencia en contra de las mujeres y de las personas LGTTBI en Honduras, indicando en particular la situación de
susceptibilidad de las mujeres trans a sufrir violencia por parte de la policía y otros agentes del Estado, lo que se agravó
e intensificó a partir del golpe de Estado.
7.
Sobre las investigaciones penales alegó que no se han llevado con la debida diligencia. Refirió que se
han practicado solamente 12 diligencias, de las cuales cuatro corresponden a las primeras actuaciones de rigor en cuanto
al levantamiento del cadáver e identificación de la persona fallecida, además de la única declaración tomada en el
proceso, a la madre de Vicky. Denunció que no se practicaron diligencias esenciales como la autopsia, la cual fue solicitada
dos veces por la Fiscalía y, para marzo de 2015, no constaba en el expediente. Indicó que al momento de los hechos, se
denunció que la negativa a realizar la autopsia era por suponer que la víctima vivía con VIH. Afirmó que no se contactó a
testigos que habrían podido aportar información relevante y que no han contado con copia actualizada e íntegra del
expediente.
8.
Alegó la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal de Vicky Hernández, en relación
con el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará. También alegó Honduras es responsable por la violación de los
derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en relación con el artículo 7.b de la Convención de Belém
do Pará, debido a que en la investigación que inició no adoptó una perspectiva de género y de identidad de género, no
profundizó en líneas investigativas sobre el contexto ni tuvo en cuenta la labor de activista de la víctima. Alegó que no se
analizó la posibilidad de violencia sexual, ni se actuó con diligencia en la recolección y análisis de elementos probatorios.
Argumentó que el Estado violó el derecho a la igualdad ante la ley de Vicky Hernández en relación con el artículo 7 de
la Convención de Belém do Pará, puesto que el solo hecho de ser mujer trans la privó de su derecho a la atención debida
por parte de las autoridades encargadas de la investigación. Indicó que el Estado también violó el derecho a la libertad
de expresión debido a que en el marco del proceso las autoridades hicieron suposiciones sesgadas y registraron a Vicky
como a un hombre de sexo masculino llamado Johny, debido a que la ley hondureña no permite que sea reconocida
legalmente la identidad de género que una persona define para sí. Finalmente, señaló que el Estado violó el derecho a
la integridad personal de la madre, prima y sobrina de Vicky Hernández.
B.

ESTADO

9.
El Estado argumentó que en cumplimiento de su obligación de investigar la muerte de Vicky
Hernández, ha realizado esfuerzos encaminados a la búsqueda de la verdad. Señaló que el proceso se ha prolongado y
dilatado en virtud de que el caso es complejo. Explicó que la negativa a dar copia íntegra y actualizada del expediente se
fundamenta en que tal acceso pondría en riesgo la efectividad de las investigaciones. En cuanto a las diligencias
realizadas indicó que se realizó el levantamiento del cadáver y se levantó Acta de Inspección Ocular. Asimismo, señaló
que se tomó declaración a la madre de la víctima quien indicó que el 27 de junio de 2009, Vicky llegó a su casa y le pidió
dinero prestado, y que posteriormente se fue y no la volvió a ver. Afirmó que la madre en su declaración señaló que “su
hijo le había comentado semanas atrás, que otra persona trans lo había asaltado y amenazado si lo volvía a ver”. Señaló
que posteriormente se realizaron varias llamadas telefónicas con el fin de recoger información adicional sobre los
hechos, pero que todos los teléfonos contactados estaban sin servicio. Hizo hincapié en que el lugar donde ocurrieron los
hechos es de las zonas más conflictivas de la ciudad, donde la “mara salvatrucha” tiene gran influencia.
10.
El Estado destacó que la falta de testigos en el lugar de los hechos ha imposibilitado el esclarecimiento
y la identificación de los responsables. En cuanto al dictamen de la autopsia, señaló que en diciembre de 2015 éste se
encontraba agregado al expediente investigativo y que refiere que las características de las lesiones son compatibles con
las producidas por arma de fuego de proyectil simple desde larga distancia. Afirmó que en septiembre de 2017 se solicitó
un seguimiento al Almacén de Evidencias para conocer el laboratorio que tiene a su cargo los indicios recolectados en la
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