mediante el apoyo a un diálogo nacional inclusivo entre haitianos; y iii) proteger y promover los derechos humanos107. 111. En febrero de 2019, la Comisión anunció la creación de una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna (SACROI) con el objeto de dar especial atención a la situación de los derechos humanos en Haití108. En el marco de esta Sala, la Comisión ha dado especial atención a la afectación de derechos humanos que se presenta en el país en un contexto de agudización de los niveles de violencia observados en el período y ha subrayado el papel que juega la Policía Nacional en Haití. En su reporte de 2022, la Comisión observó que “aunque la Policía Nacional se encuentra en proceso de profesionalización y desarrollo de funciones desde hace más de una década, esta institución se enfrenta a serios retos institucionales, que contribuyen a que siga empeorando constantemente la situación de seguridad en Haití”109. De esta forma, emitió como recomendaciones: Establecer una política pública de seguridad basada en la respuesta integral a los desafíos territoriales y de desarrollo comunitario que caracterizan la grave crisis de inseguridad. Esta política debe contener directivas de prevención, contención de la violencia, asistencia las víctimas y fortalecimiento de los vínculos sociales y de la confianza pública de víctimas y comunidades afectadas por la violencia. Fortalecer la Policía Nacional de Haití, mediante la asignación de presupuesto adecuado y profesionalización y capacitación en materia de derechos humanos, con perspectiva de género. Ello, inclusive con apoyo de mecanismos de cooperación internacional para implementación de buenas prácticas internacionales. Asimismo, se recomienda fortalecer la presencia de mujeres en funciones de mando y dirección de las actividades de seguridad110. 112. Por consiguiente, teniendo en cuenta los procesos de cooperación internacional que puedan existir en la materia, el Estado deberá adoptar las decisiones institucionales y dar las instrucciones que correspondan para establecer dentro de la Policía Nacional un Programa de protección para personas en situación de riesgo debido a la delincuencia organizada que incluya protocolos de investigación para casos de riesgos, amenazas y atentados ligados a esta delincuencia organizada. Esta política deberá tomar en cuenta, al menos, los siguientes requisitos: a) la participación de organizaciones de la sociedad civil y expertos en la elaboración de este tipo de programas, en particular se insta a buscar la colaboración del RNDDH, así como las diferentes agencias internacionales con presencia en Haití a las cuales se hizo referencia en los párrafos anteriores; b) el programa de protección debe abordar de forma integral e interinstitucional la problemática de acuerdo con el riesgo de cada situación y adoptar medidas de atención inmediata frente a denuncias de ciudadanos y ciudadanas; 107 Cfr. Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), mandato establecido la Resolución del Consejo de Seguridad No. 2476 del 25 de junio de 2019. Texto disponible en https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/192/56/PDF/N1919256.pdf?OpenElement 108 Cfr. CIDH, “CIDH expresa preocupación por agravamiento de la violencia y el desabastecimiento en Haití y anuncia la instalación de 24 una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) para monitorear la situación”, Comunicado de Prensa No. 046/19, 27 de febrero de 2019. Texto disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2019/046.asp 109 CIDH, Situación de Derechos Humanos en Haití, OEA/Ser.L/V/II Doc. 358, 30 de agosto de 2022, texto disponible en https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2022_Informe_Haiti_ES.pdf, párr. 96 110 CIDH, Situación de Derechos Humanos en Haití, supra, recomendaciones 6 y 7. 32