Los hechos del caso se refieren a la privación de libertad –ocurrida en el contexto de un operativo policial conocido como “Operación Linda”- y torturas sufridas por los Sres. Jorge Eliécer Herrera Espinoza, Luis Alfonso Jaramillo González y Emmanuel Cano quienes quedaron vinculados a una investigación por el delito de tráfico internacional de drogas.

La CorteIDH analizó cuestiones vinculadas con la práctica de tortura, su prueba y la obligación estatal de investigarla. También se refirió a la privación ilegal y arbitraria de la libertad personal y al control judicial de la misma y al derecho a la defensa como parte central de la garantía de debido proceso.