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improcedente el 30 de noviembre de 1993 por esa Quinta Fiscalía, por lo que la decisión de
inhibición de la fiscal quedó firme34.
80.24.
Por otro lado, el 8 de febrero de 1993 el señor Jaime Oyague Velazco
denunció la desaparición de su sobrina, Dora Oyague Fierro, ante el entonces Presidente
Alberto Fujimori; ante la Fiscal de la Nación el 9 de febrero de 1993; ante el Presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Constituyente Democrático el 4 de marzo
de 1993 y ante el Presidente del Congreso el 12 de abril de 199335. No constan los
resultados precisos de estas gestiones.
Comisión Investigadora designada por el llamado “Congreso Constituyente
Democrático” y hechos conexos
80.25.
El 2 de abril de 1993 el congresista Henry Pease García anunció que había
recibido un documento procedente de un sector del Ejército autodenominado “León
Dormido”, en el que se informaba que los nueve estudiantes y el profesor de la Universidad
de La Cantuta habían sido asesinados en un operativo militar y se individualizaba a altos
oficiales del Ejército y del Servicio de Inteligencia como responsables de los hechos.
80.26.
A raíz de estas revelaciones, el “Congreso Constituyente Democrático”
procedió a formar una comisión investigadora integrada por cinco congresistas (en adelante
“la Comisión Investigadora”), la cual reunió información relacionada con las investigaciones
adelantadas en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el fuero militar, así como
documentación de otras instituciones públicas. La Comisión Investigadora recibió los
testimonios de familiares de las presuntas víctimas, de alumnos internos y autoridades de la
Universidad de La Cantuta y del General Nicolás de Bari Hermoza Ríos, entonces
Comandante General del Ejército, entre otros.
80.27.
El 20 de abril de 1993 el entonces Comandante General Hermoza Ríos
concurrió a prestar su declaración ante la Comisión Investigadora, negando la intervención
o participación del Ejército en la desaparición del profesor y los nueve estudiantes de la
Universidad de La Cantuta y manifestando que las acusaciones procedían de personas o
sectores opuestos a la política de pacificación del gobierno, con la intención de dañar la
imagen de la institución militar. Al abandonar el Congreso el General Hermoza Ríos realizó
declaraciones a la prensa acusando a los congresistas de la oposición de “estar coludidos
con el terrorismo” y de participar en “la orquestación de una campaña meditada y elaborada
con el propósito de dañar el prestigio y la imagen del Ejército peruano”.
80.28.
Al día siguiente de la declaración del General Hermoza Ríos, el Ejército
peruano emitió un comunicado oficial expresando su adhesión y respaldo al Comandante
General y denunciando la intención de congresistas opositores de incriminar al Ejército en
violaciones de derechos humanos con el propósito de desprestigiar la institución militar. La
publicación del comunicado estuvo acompañada de un movimiento de tanques desplazados
hasta el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a fin de expresar su respaldo al
Comandante General Hermoza Ríos.
34
Cfr. resolución de 30 de noviembre emitida por la 5° Fiscalía Superior Penal (expediente de anexos a la
demanda, anexo 24.cc, folio 895).
35
Cfr. declaración rendida ante fedatario público por el señor José Esteban Oyague Velazco el 8 de
septiembre de 2006 (expediente de declaraciones rendidas ante fedatario público, folio 3480).
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