-25- procesados sin sentencia, han salido en libertad. Además, los autores intelectuales no han sido juzgados. Asimismo, los familiares son parte civil en el proceso contra Alberto Fujimori en la Corte Suprema de Justicia. “El Estado no entiende que para [los familiares] la justicia es una necesidad como comer, como dormir, como sobrevivir, porque […] desde la muerte de [sus] familiares, no [pueden] decir que esta[n] viviendo; [ellos sobreviven] al despertar cada día y no saber qué cosa [van] a esperar […] Realmente para [ellos] la amnistía es un amenaza permanente, porque es un Estado indolente frente la clamor de las víctimas. […] El Estado no ha hecho ni lo suficiente ni nada porque todos los que tienen responsabilidad sean castigados en el caso Cantuta”. Pese a que el Estado reconoció ante la Comisión Interamericana su responsabilidad en el presente caso, los familiares decidieron renunciar al proceso de solución amistosa puesto que el Estado no tenía voluntad de cumplir su compromiso. No ha recibido ninguna indemnización, reparación o pedido de perdón por parte del Estado. Sin embargo, sus padres, herederos legales de su hermano, recibieron una indemnización por parte del Estado, por orden de la sentencia del CSJM. Una reparación integral debe partir de un reconocimiento público y un pedido de perdón por parte del Estado. Asimismo, el Estado debe dar atención en salud física y mental, dar becas educativas y crear espacios de memoria, pues “cada una de las víctimas en [el Perú tiene] derecho al reconocimiento […] público”. “El Ojo que llora” fue impulsado por la sociedad civil en un espacio donado por la Municipalidad de Jesús María, en Lima. Sin embargo, el Estado “no puede ser mezquino en creer que ese memorial […] es todo lo que las víctimas merecen”. Asimismo, el Estado debe reconocer que lo sucedido con las diez presuntas víctimas es historia oficial y dejar de decir que aquéllos eran subversivos o terroristas. Más bien, el Estado “utilizó métodos y formas también terroristas para acabar con la vida de estudiantes universitarios”. No est�� de acuerdo con el análisis hecho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el caso de La Cantuta, en cuanto al “contexto general de cómo se vivía en la Universidad […], de las circunstancias de convivencia de los estudiantes” porque “no se ajusta[…] a la verdad”. Además, desde 2003 en que la CVR presentara su informe hasta el momento sus “recomendaciones que no han sido implementadas ni atendidas por el Estado”. Solicitó que el Estado reconozca públicamente que violentó los derechos de las presuntas víctimas y sus familiares. Su hermano “sigue siendo asesinado por la espalda cada día que hay un hecho de impunidad y cada día que [l]os asesinos […] no son castigados.” Los familiares son tratados “como ciudadanos de segundo nivel” sin derechos y ya están cansados y asustados de no saber cuánto tiempo más tendrán que “hipotecar [su] vida a esta lucha, que debería ser la lucha del Estado peruano y no sólo [de ellos]”. Finalmente, solicitó a la Corte que “cada uno de quienes tienen responsabilidades en violaciones a los derechos humanos [sean] sancionados”; que se escriba la historia oficial sobre el caso La Cantuta; que los repare integralmente, y que dignifique a sus familiares como víctimas del Estado. b) Raida Cóndor Sáez, madre de Richard Armando Amaro Cóndor