público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención189. 174. En virtud de las violaciones declaradas y como garantía de no repetición, la Corte decide que, dentro de un plazo razonable, el Estado debe adoptar, las medidas legislativas relacionadas con la tipificación de los delitos de injuria conforme a los parámetros establecidos en la presente Sentencia. Como parte del cumplimiento de esta medida, el Estado deberá establecer vías alternativas al proceso penal para la protección del honor de los funcionarios públicos respecto de opiniones relacionadas con su actuación en la esfera pública. 175. A ese respecto, la Corte recuerda que las distintas autoridades nacionales, incluidas aquellas que intervienen en el proceso de adopción de la normativa legal dispuesta, están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. De esa forma, para el efectivo cumplimiento de lo ordenado, dichas autoridades deberán tener en cuenta no solamente el contenido en la Convención Americana, sino también la interpretación que de este ha hecho la Corte Interamericana a lo largo de su jurisprudencia y, en particular, los estándares recogidos en esta Sentencia190. En ese sentido, mientras se adopta la normativa a la que hace referencia el párrafo anterior de la presente sentencia, es necesario que las interpretaciones referidas a los casos que involucren querellas por injuria, en aplicación de los artículos 12 numeral 13, 416, 417, 418 y 420 del Código Penal, así como del artículo 29 de la Ley No. 19733, se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal en materia de libertad de expresión, los cuales han sido reiterados en el presente caso. 176. Por último, este Tribunal ha tomado conocimiento de acuerdo con lo informado por las partes y la Comisión que existe un Anteproyecto de Código Penal, que permitiría cumplir con la tercera recomendación de la Comisión relativa a la adecuación normativa penal, en tanto que complementaria el inciso segundo del artículo 29 de la Ley sobre Libertades de Opinión e Información en el ejercicio del periodismo, Ley No. 19.733. De acuerdo con lo informado por los representantes, “no se ha logrado materializar como normativa vigente, puesto que el proyecto de Código Penal que el gobierno presentó en 2018 continúa sin avances desde el momento de su presentación”. Al respecto, la Corte hace notar que no cuenta con elementos suficientes para pronunciarse al respecto. D.2 Medidas de Capacitación 177. Si bien la Corte nota que no han sido solicitadas medidas de capacitación, dada la trascendencia del ejercicio del derecho a la libertad de expresión en temas ambientales, este Tribunal considera pertinente la adopción de programas específicos para formar y capacitar en derechos de acceso a la información, a la participación pública en asuntos ambientales a funcionarios públicos, sobre la base de los aspectos abordados en la Sentencia. En este sentido, la Corte ordena al Estado adoptar, en el plazo de un año, programas de educación y formación dirigidos a funcionarios públicos, durante un período de tres años. Específicamente, estos programas deberán abordar los contenidos establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal y en particular en la Opinión Consultiva OC-23/17 sobre el 189 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, párr. 338, y Caso Moya Chacón y otro, supra, párr. 70. 190 Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 124, y Caso Casierra Quiñonez y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2022. Serie C No. 450, párr. 202. 52