17 Actualmente el testigo no hace nada “porque las tierras para cultivar quedan muy lejos y est[á] incapacitado para trabajar y desde entonces [sus] hijos son los que [le] ayudan. Estos hechos fueron un descontrol muy grande, porque [él] viv[ía] de lo que tenía, sus animales, las cosechas, después fue de fracaso en fracaso […]”. El testigo manifestó que su esposa estuvo bastante triste porque “[su] hijo era el que veía por la casa, era muy obediente, era muy pendiente de la casa, era el único hijo que [los] amparaba, […] el que estaba constantemente[. E]se hijo era el sustento y la esperanza de [su] casa”. Hace aproximadamente cinco años el señor Meza Acosta ha “vuelto a tener ánimos de que se castigue a los responsables; que esto no quede impune. Piens[a] que toda injusticia debe ser castigada”. b) Leovigilda Villalba Sánchez, esposa de Santiago Manuel González López La señora Villalba Sánchez vivía con su esposo e hijos en Pueblo Bello para la época en que ocurrieron los hechos. Su esposo tenía ganado y una tienda de abarrotes; además, compraba y vendía granos. El día que ocurrieron los hechos “[su] esposo estaba dormido en la sala y entonces empezaron a golpear la puerta hasta tirarla al piso[. E]ntraron tres hombres armados con armas largas, dos estaban vestidos de militar y uno de civil. En ese momento se volvieron y le dijeron a [su] esposo que tenía que ir con ellos[. La testigo] sali[ó] a la calle y vi[ó] cómo lo tiraron al piso y lo amarraron con las manos hacia atrás y vi[ó] otras personas que también estaban en el piso. […] Los hombres armados se llevaron a [su] esposo y [le] dijeron [a la testigo] que entrara a la casa.” La testigo manifestó que “nadie se imaginó que [los paramilitares] iban a entrar al pueblo porque [se] sentí[an] protegid[os] con el retén del ejército que había. [Se preguntaban] cómo iban a pasar esos carros con hombres armados si ahí había un retén militar permanente donde requisaban [a todas las personas] todas las veces que pasaba[n]”. La señora Leovigilda Villalba Sánchez manifestó que se formó una comisión de familiares de los desaparecidos que fue a la mañana del día siguiente de los hechos a San Pedro y se dirigieron a la Policía “a poner una denuncia de que se habían perdido [sus] familiares”. Después se dirigieron a las instalaciones del ejército en San Pedro, lugar en que el teniente Rincón les dijo que “por allí no había pasado nadie, que tal vez habían ido por otro lado y luego dijo que eso había sido la guerrilla [e] insistió que nunca se había levantado el retén”. Sin embargo, la testigo consideró que el Estado “es responsable porque dejaron pasar los camiones cuando entraron y cuando salieron”. El 16 de enero de 1990 los familiares de los supuestos desaparecidos que formaron la comisión de búsqueda tomaron la alcaldía de Turbo. Cuando estaban allí llegó ASFADDES y los apoyó en todo. Luego llegó una comisión de la Procuraduría de Bogotá. Posteriormente, se desplazaron a Carepa a hablar con el general Clavijo quien les “aseguró que ese retén permanecía a diario. [La testigo] pregunt[ó] por dónde pasaron los carros llenos de gente que pedían auxilio, lloraban y clamaban y el general no [le] respondió […] y no se comprometió a hacer nada para buscar a los desaparecidos”. Cuando regresaron de la reunión en Turbo a Pueblo Bello supo que