En julio de 2022 se otorgaron medidas de protección en favor de la Fiscal Elena Gregoria Sut Ren y su núcleo familiar debido a los riesgos en los que se encontraba como consecuencia de su actuación y los avances en las investigaciones penales vinculadas con los casos Bámaca Velázquez, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Chitay Nech y otros, Masacres de Río Negro y Gudiel Alvarez y otros (Diario Militar). Durante el trámite ante la Corte IDH fue probado que habían ocurrido actos de hostigamiento, amenazas, seguimientos y vigilancia en perjuicio de la fiscal. Las medidas de protección ordenadas apuntaron a “garantizar la independencia en el ejercicio del cargo de dicha fiscal, y con ello garantizar el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los casos..”