renunciar al análisis del contexto particular para ponderar derechos en juego en un caso concreto. 40. Consideramos que, no es posible afirmar que, en todos los casos, el proceso civil representa menos riesgos para el ejercicio de la libertad de expresión que el proceso penal, que es además aquel en el que se ofrecen mayores garantías a los presuntos autores. No se ha medido por ejemplo el efecto del embargo preventivo en vía civil, la duración del proceso, los distintos estándares probatorios, el costo del litigio, que a la larga pueden resultar igual o peor que el proceso penal en sí, según el país de que se trate. En ese sentido, no encontramos razones para suponer que el efecto disuasivo (chilling effect) hará presencia solamente en el caso de la existencia y funcionamiento del sistema penal, mas no en el caso de las vías de resarcimiento civil. Por ejemplo, en el caso concreto planteado, la mayoría recoge las declaraciones de la víctima quien afirmó que -en vista de la condena recibida- se había abstenido de continuar su labor de defensa del medio ambiente y de denuncia de actos que estimaba incorrectos por parte de funcionarios públicos; empero nada en el expediente permite concluir que su abstención hubiera sido diferente si hubiera sido condenado a sufrir consecuencias económicas en vía civil por su actuación en defensa de los derechos humanos. 41. Por lo demás, los efectos disuasorios -de la sede penal o la civil- serán deseables y beneficiosos cuando se trata de desestimular los ejercicios abusivos de la libertad de expresión, tanto los realizados por las vías tradicionales, como principalmente los surgidos de nuevas modalidades de abuso propiciadas por las nuevas tecnologías globales de comunicación e información. A estas alturas del desarrollo global, es innegable que las sociedades democráticas no pueden descuidar sus mecanismos de protección frente a individuos, grupos o incluso Estados que a través de medios tecnológicos que apenas vislumbramos, ya están intentando sacar provecho de comunicación global y en general de la libertad de expresión para imponer temáticas y postverdades. Tales grupos no tendrán reparos en emplear la libertad de expresión para desprestigiar sistemáticamente nuestras democracias, a sus actores e instituciones, si ello llega a ser conveniente para sus intereses. Frente a lo anterior, una deslegitimación pura y simple del sistema penal, representa para el sistema democrático y en especial para quienes asumen posiciones públicas, una disminución grave en su capacidad de vindicar su dignidad y honor, con un efecto peligroso también para la legitimidad de la institucionalidad democrática, ya que cuando de mala fe se lesiona el honor de un funcionario público, el efecto no es sólo a nivel individual sino de la legitimidad del cargo que ostenta, tema de especial preocupación en el caso de la judicatura según se indicó supra. 42. Como ya lo mencionamos supra, desde nuestra perspectiva, el caso planteado puede resolverse adecuadamente si utilizamos el test de proporcionalidad, tal y como lo ha desarrollado y ha venido aplicando el Tribunal en este y otros tipos de casos. De hecho, este test fue aplicado por el Tribunal en la sentencia para establecer la responsabilidad internacional del Estado de Chile (Párrafo 120 y siguientes), usando argumentos que compartimos a plenitud y que hubieran sido suficientes para fundamentar la vulneración del derecho a la libertad de expresión en el caso.