55 virtud de lo anterior, solicitó a la Corte que “no se pronuncie respecto a estas solicitudes ya que como se ha comprobado actualmente se está viviendo un cambio de estructuras que generan beneficios no solamente a la familia de la demandante sino a toda la sociedad, es decir que lo que el Estado pretende es lograr progresivamente cambios positivos que concluyan en lo que se conoce como el buen vivir o sumak kawsay”. 199. La Corte observa que en el Acuerdo de Cumplimiento, el Estado se comprometió a “dictar y reformar normas dirigidas a los profesionales de la salud [y] presentar un proyecto normativo en el que se incluyan las reformas pertinentes sobre mala práctica médica y sobre derechos de los y las pacientes”. 200. En el capítulo IX de la presente Sentencia, se declaró la violación al deber de garantía del derecho a la integridad personal de Melba Suárez Peralta a través de la supervisión y fiscalización efectiva de la atención médica brindada, en su relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana. No obstante, también se indicó que la normativa del Estado de Ecuador al momento de los hechos otorgaba a las autoridades estatales correspondientes las competencias necesarias para realizar el control de las mismas, sea en lo que refiere a la supervisión del funcionamiento de los establecimientos públicos o privados, como en la fiscalización del ejercicio de la profesión del médico (supra párr. 139). Con base en lo anterior, la Corte no estima necesario ordenar una medida de reparación al respecto. b) Solicitud de capacitación a los profesionales responsabilidad del ejercicio profesional de la salud sobre la 201. El representante solicitó a la Corte ordenar al Estado “adoptar medidas urgentes para capacitar a los médicos y personal de salud de hospitales públicos y clínicas privadas, en derechos humanos, derecho penal, derechos de los pacientes y la jurisprudencia de la Corte [I]nteramericana, para que las actuaciones de dichos profesionales de la salud se ciñan a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos a que el Estado ecuatoriano está sujeto”. 202. La Comisión solicitó a la Corte ordenar al Estado “[a]doptar todas las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de los deberes de prevención y garantía de los derechos reconocidos por la Convención Americana”. 203. Por su parte, el Estado no se refirió de forma específica a esta medida de reparación. 204. La Corte observa que en el Acuerdo de Cumplimiento, el Estado se comprometió a “realizar capacitaciones a profesionales de la salud sobre derechos de los y las pacientes tanto en el ámbito público como privado de manera planificada y sostenible”. 205. En el capítulo IX de la presente Sentencia, la Corte declaró la violación al deber de garantía del derecho a la integridad personal de Melba Suárez Peralta respecto de la atención médica brindada y consideró que la fiscalización y supervisión no fue efectuada en el presente caso, tanto en lo que refiere al control de las prestaciones brindadas en la entidad estatal como en lo que respecta a la institución privada (supra párr. 155). con omisión o demora injustificada en su obligación profesional; Art. 203.- Los servicios de salud serán corresponsables civilmente de las actuaciones de los profesionales de la salud que laboran en ellos.