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derechos humanos […] por la desprotección [a la] que está siendo sometida en sus
desplazamientos a […] localidades rurales”. Explicaron, al respecto, que “se está
presentado actualmente […] la constante negativa […] de las autorizaciones para
viáticos y gastos de viaje de los guardaespaldas”.
14.
El 29 de marzo de 2014 los representantes se quejaron de que el “despliegue
de[l] esquema de seguridad [esté] únicamente […] circunscri[to] al Departamento del
Meta” y entendieron que “[l]as medidas [provisionales] comprenden el territorio
nacional y [que] su concreción conlleva […] disponibilidad absoluta en todo momento”.
15.
Por otra parte, el 28 de marzo de 2014 los representantes advirtieron que “los
problemas que ha debido soportar [la beneficiaria] por la falta de disponibilidad de su
vehículo blindado para sus desplazamientos [pues] ha tenido múltiples dificultades
mecánicas y por ello pasa mucho tiempo en reparaciones”. El 27 de mayo de 2013
“nuevamente anota[ron] que todavía contin[uaban] las dificultades frente al vehículo
blindado”. El 25 de septiembre de 2014 señalaron que el vehículo había sido
reemplazado, pero que el nuevo “es muy alto y no posee […] apoyos, para que [Islena
Rey] pueda subirse y bajarse con comodidad […] ocasionándole problemas de salud en
sus extremidades izquierdas y articulaciones”. Además indicaron que “desde junio de
2014 no se ha[bía] vuelto a tener interlocución con la Comandancia de la Policía
Metropolitana de Villavicencio [… y que u]nicamente con el Departamento de Policía
del Meta se mantienen los espacios de interlocución y seguimiento en lo que tiene que
ver con el desplazamiento y el trabajo a los municipios”.
16.
En lo atinente a la coordinación de las medidas con el Estado, el 25 de febrero
de 2013 los representantes manifestaron que “esta[ban] pendientes de la
convocatoria por parte del [Estado] de una reunión de seguimiento y concertación de
las [m]edidas [p]rovisionales”. Con posterioridad no volvieron a referirse a ello sino
hasta el 20 de noviembre de 2013, cuando adujeron que “debido a dificultades de
orden interno que se ha[bían] presentado […] con los encargados de las rondas
policiales a la beneficiaria [resultaba necesario] acordar en un lapso no mayor a dos
meses, una reunión de seguimiento de las medidas provisionales”. El 19 de febrero de
2014 los representantes hicieron alusión a la reunión mantenida con autoridades
estatales el 30 de enero de ese año (supra Considerando 6). El 27 de mayo de 2014
informaron además que “el 22 de mayo de [ese año] se llevó en la Cancillería a cabo
una nueva reunión de seguimiento y concertación de las medidas provisionales que
contó con la participación de la U[nidad] N[acional] de P[rotección] para discutir los
cambios de guardaespaldas”. Los representantes “v[ieron] con beneplácito el interés
de la [Unidad Nacional de Protección] en resolver la situación presentada de común
acuerdo”.
17.
En cuanto a mecanismos internos de protección, el 5 de noviembre de 2013 los
representantes expresaron que
desafortunadamente se han conocido casos recientes en que la Unidad Nacional de
Protección, sin mayor motivación o causa alguna frente a la peligrosidad de atentados
contra la vida e integridad personal de los protegidos, reduce o suprime completamente
[…] medidas físicas [de protección], llegándose incluso al extremo de recurrir por los
afectados a acciones de tutela (amparo) para que los jueces restituyan la protección.
Por otra parte, el 24 de noviembre de 2014 señalaron que la Unidad Nacional de
Protección tenía “dificultades presupuestarias” y que “se conoció en dicha entidad un
escándalo de corrupción” 16.
16
Sobre ello, dieron cuenta de que “es de público conocimiento que en el mes de septiembre [de
2014] el Ministro del Interior […] anunció la necesidad de cerca de […] aproximadamente $US35 millones de
dólares para poder asegurar el funcionamiento de la U[nidad] N[acional de] P[rotección] hasta el final de