43. Con relación al derecho a la libertad de expresión, establecido en el artículo 13 de la
Convención Americana, los peticionarios alegan que a causa de la abierta disidencia de Allan
Brewer Carías a las políticas del Gobierno, algunos periodistas presumieron que se encontraba
vinculado a la conformación del llamado “gobierno de transición”. Alegan que el Gobierno y sus
instituciones han utilizado la mera presencia de Allan Brewer Carías en el “Fuerte Tiuna” en la
víspera de la emisión del Decreto Carmona como pretexto para acallar la voz de un opositor
importante, acusándolo de golpista. En este sentido, consideran que el proceso penal seguido
en contra de Allan Brewer Carías configura una violación de su derecho a la libertad de expresión,
establecido en el artículo 13 de la Convención Americana.
44. Con relación al derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 24 de la
Convención Americana, los peticionarios alegan que en el proceso sobre conspiración para
cambiar violentamente la Constitución sólo han sido imputados y acusados civiles y no militares,
a pesar de que fueron los altos mandos militares quienes habrían solicitado la renuncia del Jefe
de Estado. Indican que los miembros de la Fuerza Armada inicialmente señalados por el
Ministerio Público, se beneficiaron del privilegio constitucional de antejuicio a fin de que el
Tribunal Supremo de Justicia estableciera si existía mérito para iniciar el juzgamiento34. En ese
caso, el Tribunal Supremo consideró que no había lugar para el juicio, con fundamento en que
los hechos de abril de 2002 no constituyeron un golpe de Estado sino un “vacío de poder”.
Indican que posteriormente esa decisión fue declarada nula por la Sala Constitucional pero que
aun cuando algunos militares han sido citados para ser imputados, estos no han comparecido35.
Los peticionarios alegan que el Estado es responsable por un acto de discriminación que vulnera
el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con su artículo 1.1.
45. Con relación al derecho a la protección judicial establecido en el artículo 25 de la Convención
Americana, los peticionarios alegan que en Venezuela no existen recursos judiciales efectivos
para la protección de los derechos de Allan Brewer Carías. Al respecto, indican que Allan Brewer
Carías acudió repetidamente al Juez Provisorio de Control y al Tribunal de Apelaciones a fin de
que se reestablecieran sus derechos en el curso de proceso. Alegan que en respuesta los
tribunales sostuvieron que carecían de atributos legales para proteger sus derechos, que los
planteamientos eran inoportunos36 o que no podían interferir con la autonomía de la Fiscalía en
la dirección de la investigación37.
46. Finalmente, los peticionarios alegan que el Estado incumplió su deber de adoptar las medidas
necesarias, ya sean legislativas o de otra índole, para hacer efectivos los derechos protegidos
en la Convención, en violación de sus artículos 2 y 1.1. Indican que la legislación nacional no es
adecuada en cuanto al nombramiento y permanencia en el cargo de los jueces y fiscales, para
hacer efectivos los derechos de Allan Brewer Carías y de todos los venezolanos a ser oídos por
un tribunal independiente e imparcial.
4.
Alegatos sobre la admisibilidad del reclamo
47. Los peticionarios alegan que los recursos disponibles en la jurisdicción interna resultan
ilusorios en vista de las condiciones generales del país y las circunstancias del caso. Consideran
que el Poder Judicial carece de independencia e imparcialidad y que en general se configura un
cuadro de denegación de justicia38. Alegan que la Comisión ya ha establecido en otros casos que
la víctima no dispone de recursos internos en un cuadro de “inoperancia del sistema judicial para
34
Indican que el derecho de antejuicio está establecido en el artículo 266 de la Constitución de Venezuela. Petición
original recibida el 24 de enero de 2007, párr. 148.
35
Indican que el General en Jefe del Ejército, Lucas Rincón Gutiérrez, quien anunció en abril de 2002 que la cúpula
militar había pedido la renuncia del Presidente de la República, no ha sido sometido a investigación. Petición original
recibida el 24 de enero de 2007, párr. 149.
36
Decisión del Tribunal de Control del 11 de mayo de 2005. Anexo 44 a la petición original recibida el 24 de enero de
2007, párr. 125.
37
Petición original recibida el 24 de enero de 2007, párr. 124.
38
Los peticionarios citan Corte I.D.H. Garantías judiciales en estados de emergencia. OC 9-87 de 6 de octubre de 1987.
Serie C. No. 9, párr. 24 y Caso Bámaca González (sic). Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C. No. 70, párr.
191. Petición original recibida el 24 de enero de 2007, párr. 157.
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