supuesta dificultad podría haberse resuelto. Indicaron que los familiares del señor Escaleras han estado prestos a colaborar en el proceso. Resaltaron que no obstante ello, hubo una gran inactividad judicial, incluso sin la práctica de ninguna diligencia durante más de un año. 24. Manifestaron que durante el transcurso del proceso se apersonaron una decena de fiscales, lo que le restó continuidad a las investigaciones pues “cada fiscal tuvo que tomar un buen tiempo para empaparse de los hechos”. Añadieron que el fiscal ad hoc nombrado por el Fiscal General para encargarse de manera exclusiva del caso apenas se mantuvo en dicha posición por tres meses ya que sin motivo alguno fue separado y trasladado a otra región del país. 25. Asimismo, los peticionarios manifestaron que el juez Francisco Sánchez que intervino desde el inicio del proceso, ha “sembrado” legítimas dudas acerca de su imparcialidad frente a este caso. Indicaron que se manifestó públicamente ante un medio de comunicación sobre la improcedencia de una de las pruebas presentadas. Agregaron que al exteriorizar apreciaciones subjetivas, esta autoridad judicial lesionó su credibilidad frente a los familiares de Carlos Escaleras y la sociedad. Informaron que los familiares presentaron un escrito denunciando la parcialidad por tal hecho pero éste fue rechazado. 26. Con respecto a los autores intelectuales, indicaron que en un solo día, el 14 de octubre de 2003, tuvieron lugar las siguientes actuaciones y diligencias que evidencian la falta de imparcialidad del juzgado y la desidia de investigar a reconocidos empresarios: i) dos de los presuntos autores intelectuales, Miguel Facussé e Irene Castro, presentaron una solicitud de declaración voluntaria ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa; ii) el Juzgado admitió los escritos y les tomó su declaración indagatoria; iii) el Juzgado dictó sobreseimiento definitivo a su favor indicando que “surta efecto de cosa juzgada conforme a la Ley Especial de Transición y Seguimiento Interinstitucional del Sistema Penal”; y iv) se entregaron las respectivas cartas de libertad. 27. Los peticionarios manifestaron que la investigación no tomó en cuenta todas las líneas de investigación que surgieron a partir de la prueba testimonial y documental, incluyendo la que vinculaba a un agente militar al homicidio de Carlos Escaleras. Indicaron que a pesar de que durante el juicio se han establecido los indicios razonables sobre la identidad de los autores intelectuales del asesinato del señor Escaleras, hasta el momento no ha habido mayores diligencias que indiquen la intención del Estado de investigar efectivamente y sancionar a todos los responsables. Agregaron que se ha venido violando el derecho de los familiares a conocer la verdad puesto que se desconocen a la fecha los hechos que rodearon la muerte del señor Escaleras. 28. Los peticionarios indicaron que la violación del derecho a la vida de Carlos Escaleras, redundó en la violación de su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y a sus derechos políticos. 29. En cuanto al derecho a la libertad de expresión, alegaron que el homicidio de Carlos Escaleras resultó ser una restricción a su derecho a la libertad de difundir informaciones e ideas, así como del derecho de la población hondureña de recibirlas. Explicaron que a través de las organizaciones sociales y políticas que Carlos Escaleras lideraba, se contribuía a poner en conocimiento de la población los graves hechos que ponían en peligro su salud y su derecho a gozar de un medio ambiente saludable. En cuanto a la libertad de asociación, los peticionarios alegaron que tras el asesinato de Carlos Escaleras Mejía, las organizaciones que presidía, la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) y el Partido Unión Democrática, quedaron seriamente debilitadas. 30. Respecto de los derechos políticos, sostuvieron que como líder social había adquirido gran prestigio y respeto de la población por lo que tenía amplias oportunidades de convertirse en el futuro alcalde de Tocoa. Agregaron que las encuestas de finales de septiembre de 1997 lo daban como evidente favorito para ganar las elecciones. En ese sentido, los peticionarios alegaron que el asesinato de Carlos Escaleras vulneró su derecho a ser elegido. 4