RESOLUCIÓN DE LA
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS *
DE 14 DE MAYO 2013
CASO RADILLA PACHECO VS. MÉXICO
SUPERVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA
VISTO:
1.
La Sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas (en adelante
“la Sentencia” o “el Fallo”) dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte” o “el Tribunal”) el 23 de noviembre de 2009.
En dicho Fallo se estableció que el 25 de agosto de 1974 efectivos del Ejército de los
Estados Unidos Mexicanos (en adelante “el Estado” o “México”) desaparecieron
forzosamente al señor Rosendo Radilla Pacheco, en el marco de un contexto sistemático de
numerosas desapariciones forzadas de personas. Asimismo, el propio Estado reconoció, por
una parte, que el señor Radilla Pacheco fue privado ilegal y arbitrariamente de su libertad
por un funcionario público y, por otra, que México incurrió en una demora injustificada en
las investigaciones llevadas a cabo por estos hechos. De este modo, la Corte resolvió que el
Estado era responsable de la violación, en perjuicio del señor Radilla Pacheco, de los
artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en
adelante “la Convención Americana” o “la Convención"), en relación con el artículo 1.1 de
dicho tratado y con los artículos I y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas (en adelante “la CIDFP”). Además, declaró la responsabilidad del
Estado por la violación, en perjuicio de los familiares del señor Radilla Pacheco, de los
artículos 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, por el
sufrimiento que padecieron a raíz de la desaparición forzada de éste; y de los artículos 8.1 y
25.1 de la Convención, en relación con sus artículos 1.1 y 2 y con los artículos I incisos a),
b) y d), IX y XIX de la CIDFP, por la falta de respuesta judicial para esclarecer los hechos
del caso y porque se extendió la competencia del fuero castrense a delitos que no tenían
estricta conexión con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito
castrense. Finalmente, este Tribunal determinó que el Estado incumplió el deber de adoptar
disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención, en relación
con los artículos I y III de la CIDFP, debido a la incompleta tipificación del delito de
desaparición forzada de personas en el Código Penal Federal.

*
El Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, de nacionalidad mexicana, no participó en la discusión de la
presente Resolución, de conformidad con el artículo 19.1 del Reglamento de la Corte aprobado en su LXXXV
Período Ordinario de Sesiones, celebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009. Además, el Juez Eduardo Vio Grossi
informó al Tribunal que, por motivos de fuerza mayor, no podía estar presente en la deliberación y firma de la
presente Resolución.

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